En este primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso solo hubo un gran éxito inicial, la vacunación contra la COVID-19. Después de eso, lo que llama poderosamente la atención es que el último trimestre de 2021 y todo el primer trimestre de 2022 se produjo una mejora sustancial de los precios del petróleo y una reducción de todos los indicadores de déficit fiscal. A pesar de ello, seguimos en austeridad en medio de una recesión: las cifras de inversión pública del primer trimestre de 2022 fue de $67 millones de dólares, menor que la del mismo período de 2021, en el peor momento de la pandemia, cuando se invirtieron $380 millones. Y, 10 veces menos que la inversión pública del primer trimestre de 2020. Es insólito: la parálisis gubernamental es abrumadora, y no se puede achacar esto al bloqueo legislativo, porque no se necesitan leyes para fomentar la recuperación económica inmediata.
En efecto, la inversión pública para la reactivación es la actitud dominante en todo el mundo luego de una pandemia y una recesión mundial de dos años. Es lógico: se trata de paquetes de ayudas económicas contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en los periodos de recesión, se alimenta la economía con dinero público. En períodos de bonanza se guardan ahorros. ¡El gobierno actúa como si estuviéramos en bonanza! Ni siquiera ha pagado las deudas acumuladas con los gobiernos seccionales, ni ha cancelado las deudas pendientes con las universidades. La gran pregunta que cualquiera en la calle puede hacerse es: ¿dónde está la plata?
Quizá el efecto más descollante de toda esta situación es la agudización de la crisis en la seguridad ciudadana. Las cifras de asesinatos en el Ecuador y de muertes violentas han alcanzado récords no vistos desde que hay estadísticas en el país. Además, en los últimos dos años, el Ecuador ha tenido masacres en las cárceles que acaban de continuar en Santo Domingo con 44 muertos adicionales. El gobierno actual no puede seguir echándole la culpa de este tema a los anteriores gobiernos.
Al carecer de una política proactiva en los temas económicos, el gobierno ha perdido apoyo de la ciudadanía. En efecto, frente al bloqueo o la parálisis que existe en la Asamblea Nacional, el gobierno se ha dedicado a amenazar con la muerte cruzada o una consulta popular. ¿Por qué ha abandonado esas ideas? Porque es claro que las perdería. Su popularidad ha caído en picada: al no mostrar la menor iniciativa importante para la reactivación económica y las repercusiones que eso tiene sobre la inseguridad y la delincuencia. Debe tomarse en cuenta que las peores cifras de criminalidad corresponden a las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, precisamente, las provincias con mayor déficit de infraestructura, con mayores retrasos en inversiones y pagos a los gobiernos seccionales. Hacia allí se habría podido canalizar una enorme cantidad de inversiones públicas y privadas.
Es incomprensible la falta de iniciativa del gobierno en estos temas, teniendo en cuenta que existe un mayor margen económico, debido a las circunstancias internacionales que le han permitido tener una situación fiscal más holgada. Cada vez que el presidente Lasso se presenta ante los medios señala que esto es un asunto puramente temporal. Guarda ahorros, justo cuando es indispensable una activa política económica contracíclica. Hay que gastar, arrojar circulante en la economía para hacer funcionar un aparato productivo en recesión.
Las políticas ligadas a la apertura comercial, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México (que se espera firmar este año), o el TLC con los Estados Unidos, tienen ganadores y perdedores. Por ejemplo, en el caso del TLC con Europa, perdieron los productores lecheros de pequeña y mediana escala, mientras ganaron los importadores de automóviles. Una política indiscriminada de apertura comercial supone erróneamente que todos ganan, y no es el caso. Por supuesto, el aumento de la cooperación y el intercambio con América Latina es absolutamente necesario, pero analizándolos específicamente. Una política indiscriminada de apertura comercial no es conveniente para un país con una estructura económica débil y con una productividad bastante maltrecha, donde por lo general, se favorece solo a los más grandes.
Acciones urgentes
Es vital diseñar un programa masivo de inversión pública en infraestructura y en el sector inmobiliario. Este último, el sector inmobiliario, fue esencial durante el período de bonanza, entre 2000 y 2014, contribuyendo con cerca del 50% al crecimiento económico total. Se trata de un sector que genera empleo para mano de obra de baja calificación y es, en general, una inversión bastante rentable desde el punto vista social y nacional.
Otros sectores con fuerte impacto social, como el de la salud, también tiene importantes repercusiones económicas. En estos días los trabajadores de la salud han salido a manifestaciones exigiendo el aumento del presupuesto, quejándose del desabastecimiento de medicinas y de las restricciones de personal. Los Objetivos del Milenio, impulsados por Naciones Unidas, fijan como meta el gasto público de, al menos, el 4 % del PIB en salud. En la época correista, el gasto en salud pública llegó al 2%, y eso era ya una duplicación del gasto histórico en salud del país, solo el 1% del PIB. Actualmente estamos a menos de la mitad de la meta, con desastrosos efectos sobre el sistema productivo y sobre la vida social en general. Una población más saludable, con menos enfermedades, es más productiva, trabaja con más entusiasmo y hay menos paros. El sector de la salud se vincula con todos los sectores sociales y económicos.
El turismo es otra área que se debería priorizar por su gran potencial. Hay pequeñas y medianas empresas distribuidas territorialmente, de manera más democrática si se compara con el petróleo o la minería. Las actividades extractivas son de enclave, sin conexiones suficientes con los territorios donde operan. El sector turístico, en cambio, funciona como un “cluster”, con amplias y diversificadas conexiones con una amplia variedad de proveedores en los territorios. Dinamiza a la producción agrícola, el abastecimiento de restaurantes, los servicios conexos, la venta de artesanías. El turismo se dinamiza también con infraestructura de acceso y de servicios básicos; es en este tipo de sectores donde se requieren fondos públicos que siempre son escasos.
Lo que está pasando en el Ecuador se verá reflejado políticamente en las próximas elecciones seccionales de febrero de 2023. Recordemos que en el año 2019 hubo 80.000 candidatos a las diferentes dignidades de gobiernos locales, mientras en 2014 fueron 29.000. Vivimos entonces una profunda fragmentación y dispersión política, que tiene directa relación con la implosión del partido dominante, Alianza País. El fin de ese partido dominante provocó la expectativa de que cualquier recién llegado tenía oportunidades de ganar en medio de la dispersión y del desorden. Las elecciones de 2023 serán un gran termómetro, en medio del descrédito, y la fragmentación del régimen político y el sistema de partidos, para dar cuenta de las necesidades, aspiraciones y expectativas de la gente.
La previsión inicial es que los grandes partidos, salvo Pachakutik, que conserva importantes bases territoriales, se debilitarán y fragmentarán aún más. Recordemos que en 2019 muchos alcaldes y prefectos fueron elegidos con una votación minoritaria y dispersa, debido al gran número de candidatos. La situación de desesperanza económica, de miedo por la delincuencia y de dispersión política apunta a una implosión del sistema político nacional. Si bien ha existido una cierta recuperación por comparación con los tiempos de la pandemia, es claro que la inercia y falta de iniciativa del gobierno ha impedido que sea una recuperación más extendida y dinámica.