Ecuador sigue siendo un país al que le falta gobernabilidad, pese a que en las últimas cinco o seis décadas se ha buscado enrumbarse por algún lado, la política y los políticos no lo han permitido.
Hace 50 Años cuando iniciamos la producción petrolera se dijo que sembraríamos el petróleo, hemos sido un país de exportación a lo largo de la historia, pero sin el crecimiento y desarrollo económico esperado. Tenemos un marco jurídico y económico que no cambia, porque seguimos atados a la política y a los políticos de turno, ni siquiera en este aspecto hemos mejorado, más bien hay un retroceso. Ahora legisla una Asamblea con la cual el presidente Guillermo Lasso ha dicho abiertamente, que no cuenta. El papel que tendrá de aquí en adelante es incierto, porque dudo que logren acuerdos entre ellos.
Este proyecto de Ley de Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, que fue rechazado por la Asamblea, tenía tres partes fundamentales: la atracción de inversión privada externa e interna, el fortalecimiento del mercado de valores (al que debía añadirse y de capitales) y la transformación digital.
Hay mucha ignorancia en el sentido de no conocer estos temas y no dar el voto cuando es preciso, porque prima la política. No hubo un análisis profundo, fue solo cuestión de oposición y votar en contra, para hacerle la zancadilla al gobierno.
Este divorcio entre el Gobierno y la Asamblea se ahonda con las investigaciones que ha solicitado el presidente Lasso, que tampoco es algo nuevo, siempre hubo las tronchas, el camisetazo, los votos que se venden… Tampoco es desconocido que han sido cotizados los cargos en entidades como el Servicio de Rentas y las Aduanas, zonas neurales, donde cada sector quería tener a su representante.
Sin embargo, también hay un mínimo grupo de asambleístas conscientes de las necesidades del país.
Si bien el presidente Guillermo Lasso señaló que gobernará bajo decretos no siempre será factible. No se puede hacer todo por este medio, sino en temas puntuales que no necesiten una ley aprobada por la Asamblea.
Combinar el poder ejecutivo con el judicial en aquellos decretos que son viables que tienen legalidad y sustento jurídico y gobernar así. Hay que analizar si es factible también realizar la consulta popular.
Con esta ley se pretendía captar $30.000 millones en inversión hasta 2025 destacándose las alianzas público-privadas para desarrollar áreas de interés para el país.
Respecto a este tema los asambleístas señalaron que con las inversiones públicas y privadas ya sean internas o externas, se privatizarán las empresas y los servicios públicos, pero no es así.
El fin es definir una modalidad contractual de gestión delegada de largo plazo entre una entidad del sector público y un sujeto de derecho privado, para el desarrollo y gestión de un activo público, un servicio público o sectores estratégicos. El gestor privado asume riesgos y responsabilidades significativos durante la vigencia del contrato, y la contraprestación está ligada al desempeño respecto del nivel de servicio y disponibilidad de la infraestructura existente o nueva.
Por ejemplo, para construir la autopista Quito – Guayaquil, de unos 300 Km con túneles y puentes, que uniría a estas dos ciudades en aproximadamente 3 horas y 30 minutos y de la que se viene hablando hace 50 años, si bien es un proyecto que lo puede hacer el Estado, solo con inversión pública le tomaría por decir lo menos unos 10 años, algo parecido a lo ocurrido con el puente de la Unidad Nacional, en Guayaquil. Sin embargo, con la inversión privada no solo se aceleran las obras, sino también se genera empleo y ese es uno de los objetivos.
Ahora, si bien el Estado debe reducir un poco las aspiraciones es necesario dar confianza al inversor, la seguridad jurídica y económica que necesita, de lo contrario no traerá su capital a un ambiente lleno de inseguridad.
Todo el esfuerzo realizado por el gobierno desde el inicio de su gestión busca, justamente, generar confianza, el presidente Lasso ha dicho claramente: queremos que el mundo venga a invertir. No hay que perder el entusiasmo ni la expectativa, pese a todo, en este momento la opinión de los inversionistas sobre el país es más favorable que hace algunos años, porque confían en el país.
Un claro ejemplo es el proyecto de Ley de Asociación Estratégica para fortalecer la cooperación con Ecuador en temas de interés mutuo, aprobado el 23 de marzo de 2022 por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. y que además busca el fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la corrupción y la protección del medioambiente.
El presidente del comité de Relaciones Exteriores, el senador demócrata Bob Menéndez, consideró que Ecuador se ha convertido en los últimos cinco años en un “modelo” en Latinoamérica y el Caribe por sus esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, así como para proteger los derechos humanos, promover el crecimiento económico, reforzar la seguridad y defender el medio ambiente.
En cuanto al tema del mercado de valores también se ofrecen reformas, pero de acuerdo a una nota de El Universo (22 de marzo 2022) estas no contentan a la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Bolsa de Valores de Quito y la Asociación de Casas de Valores (Asocaval), que proponen reformas a los artículos 162 y 154 del proyecto, pues no consideran las modificaciones expuestas en sus participaciones ante la Comisión, especialmente la participación del sector público en el mercado de valores.
El tercer punto tiene que ver con la transformación digital para manejar las diversas transacciones y mantener la seguridad. Sin embargo, 87 asambleístas mandaron al traste esta ley con su negación.