Esa es la estrategia que, desde hace varios años -en medio de los apuros por cubrir los desequilibrios fiscales-, ha implementado el Ecuador de forma permanente. Algunos, también, la llaman “estrategia de la sobrevivencia del tarjetazo” -vivir del crédito que se obtiene para las urgencias activando una tarjeta de crédito y, claro, sin sanear los problemas que originaron esos saldos rojos-. Otros la denominan “estrategia de la gimnasia financiera”, en donde, se va a un acreedor a pagar, luego, se va a otro para que preste dinero y, con ese dinero prestado, pago al anterior y, así, sucesivamente se entra en un círculo que, si no se atacan las causas de raíz del sobreendeudamiento, será interminable su salida. A esa forma de consecución de recursos, también, se ha tendido, como ahora con la reciente Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, a la búsqueda de más ingresos con más impuestos -algunos temporales denominados extraordinarios-.
Por supuesto que esto funciona en el corto plazo para salir del apuro financiero; por ejemplo, ahora, el gobierno -al final del año- debe cubrir un doble sueldo como parte de la décima tercera remuneración, más las presiones provenientes, por un lado, de las ofertas de campaña que hizo y, por otro, los compromisos vinculados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en medio de una crisis socioeconómica potenciada por la pandemia.
Pero, claro, esa alternativa apurada de financiamiento, en el mediano y largo plazo, va perdiendo eficacia ya que, como la situación se va acumulando y complicando, al gobernante de turno no le queda más que aguantar bajo la estrategia de “patear el problema hacia adelante” y, así, dejar la responsabilidad para que, ojalá, los gobiernos futuros tomen decisiones estructurales y definitivas.
Este último escenario -de acuerdo a la historia económica del Ecuador de los últimos años- será difícil que se dé ya que, el Presidente que llega a Carondelet, al final de cuentas, por el apuro acumulado y complejo, tiende a aplicar nuevamente la estrategia de la “economía tapa huecos”; en donde las urgencias coyunturales sobrepasan a los correctivos estructurales que, bajo un enfoque de responsabilidad estratégica, deberían ser impulsados de forma inmediata y, de esa manera, evitar que el paciente se siga empeorando.
Si se nombró a los correctivos estructurales -como alternativa al endeudamiento continuo y/o a la aplicación de impuestos temporales extraordinarios- surge la pregunta: ¿Cuáles son estos?, teniendo entre los doce más importantes -que han sido repetido decenas de veces y poco han sido tocados- a los siguientes:
- Combate real a la evasión tributaria, ya que, si la Ley manda a pagar de forma obligatoria los impuestos, ese mandato debe cumplirse. En ello, una medida clave sería que se obligue a todos a facturar -desde el negocio más pequeño hasta la empresa más grande-, ya que, por pequeño que sea el acto evasor, sumado con todos los que ocurren a nivel nacional, la cantidad que no percibe el Estado por recaudación tributaria se vuelve significativa a la hora de mejorar la posición de equilibrio de las finanzas públicas.
- Focalización inteligente de subsidios a los combustibles, como medio para usar de forma eficiente los recursos estatales, llegando así, de forma efectiva, a los que realmente lo necesitan.
- Optimización de la gestión de bonos, como es el caso del Bono de Desarrollo Humano que requiere un mayor control en cuanto a la identificación de beneficiarios y los impactos reales que se van obteniendo.
- Funcionamiento integrado de los sistemas de información de las entidades públicas y de las empresas privadas para, así, facilitar el cruce efectivo de información pro combate a la evasión tributaria.
- Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como medio para agilitar la tramitología burocrática y, también, para combatir -gracias al manejo inteligente de datos e información- lo que se ha venido repitiendo: “la evasión de tributos”.
- Promoción de la rotación horizontal de los recursos humanos, es decir, si en una entidad pública sobran funcionarios, estos podrían ser reubicados en otros espacios en donde se necesita más personal para el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno de turno y, así, evitar la tentación de contratar nuevos empleados con el efecto directo en el crecimiento injustificado del gasto estatal.
- Reingeniería de las empresas públicas para que, sobre la base del análisis previo de su potencialidad y viabilidad futura, se vuelvan más eficientes al momento de servir a la ciudadanía. Por ejemplo, se debería ceder la administración -no la propiedad- de empresas que en manos privadas podrían generar mejores resultados; una de ellas es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
- Romper la idea de que el Estado es un gran empleador, ya que la experiencia histórica ha demostrado que, cuando se infla demasiado la nómina estatal, luego se vuelve misión imposible su reducción, incluso en épocas de vacas flacas en donde el Estado para financiar su abultada carga salarial debe hacer malabares para obtener recursos y evitar la paralización de su funcionamiento.
- Impulso de la simplificación de trámites, como mecanismo que elimine pasos innecesarios que, a la postre, lo único que hacen es aumentar el gasto de recursos y, lo peor de todo, convertirse en el terreno fértil para que crezca lo que se ha venido repitiendo: “la corrupción.
- Combate a la ineficiencia en la ejecución presupuestaria, ya que no es justo que, transcurrida más de la mitad del año, se tengan entidades que no han sido capaces de ejecutar -en alto porcentaje- el presupuesto que les ha sido aprobado y está listo para ser usado. Y, claro, estas actitudes llevan a que se deje todo para el último y, con ello, se ejecuten mal las actividades programadas con el consiguiente uso ineficiente de recursos públicos.
- Promoción de la profesionalización de los servidores públicos para que, gracias a su mejor preparación, sean capaces de aportar de forma creativa, eficiente y ética a las tareas para las cuales han sido contratados.
- Implementación de un proceso de reducción armonizada de los tributos del gobierno central y de los gobiernos locales; buscando dejar aquellos que tenga un mayor impacto en la recaudación tributaria y el cumplimiento de los objetivos de equidad y redistribución de la riqueza; logrando, con ello, un mejoramiento en la gestión fiscal y, sobre todo, en el control que, bien direccionado, se convierte en el gran antídoto para espantar a los intereses corruptos evasores.