Ecuador sufre un incremento exponencial de la inseguridad durante los últimos días, es común observar en redes sociales o en los principales titulares de las noticias, robos, asaltos y homicidios a cualquier hora del día, sobre todo en ciudades consideradas más peligrosas como Guayaquil, Los Ríos y El Oro. Una ola de violencia con numerosos episodios de delincuencia e inseguridad derivados sobre todo a consecuencia del narcotráfico vivimos día a día.
Guayaquil es uno de los epicentros donde la inseguridad y la violencia han cobrado la vida de varias personas. Es tan fuerte la situación que el nivel de incertidumbre ha llevado al presidente, Guillermo Lasso, a decretar un estado de excepción en todo el territorio. Los militares acompañarán a los policías a patrullar las calles para controlar la violencia. Esta medida junto a otras ya implementadas como prohibir que dos personas no puedan circular a ciertas horas de la noche en una misma motocicleta para tratar de evitar robos y sicariato, aunado a los patrullajes y operativos de seguridad, por parte de la Policía Nacional parece que no han sido suficientes para luchar contra el crimen.
En realidad nada resulta suficiente para combatir la delincuencia, pero siempre se puede hacer más. De hecho, existen referencias de ciudades como Medellín (Colombia) o Ciudad de Juárez (México) que fueron consideradas muy peligrosas y que actualmente han bajado considerablemente las tasas de criminalidad, pero ¿Qué se necesita para ello? Debe existir el compromiso del Gobierno y la sociedad civil encaminados a la lucha contra el crimen y la delincuencia que sin duda han crecido exponencialmente en nuestra sociedad.
Falta mucho por hacer, considerando que una de las mayores causas del crecimiento de la inseguridad es el consumo de drogas; está problemática se encuentra agudizada y arraigada en el país. En la actualidad el Ecuador es un paso de distribución de sustancias ilegales hacia otros países, lo que conlleva a que se agudice la problemática. Por lo tanto, le compete al Estado y los gobiernos seccionales unir esfuerzos y fomentar programas enfocados a la rehabilitación de personas consumidoras de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y combatir radicalmente a la delincuencia organizada.
Como otra posible solución sería implementar acciones como brindar una atención social a la juventud, grupo etario más propenso al consumo de drogas y por ello a ser parte activa de la delincuencia; se deben realizar alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil con el objetivo de fortalecer fuentes de empleo.
La pandemia dejó graves secuelas y entre ellas es que se perdieron muchas plazas de empleo lo que conllevo a incrementar la pobreza.
Con respecto a la inseguridad que atraviesa el Puerto Principal considero que la solución no es poner un arma de fuego en la mano de los ciudadanos, nuestra sociedad no está preparada para que las personas porten armas, pudiese ser tan contraproducente que incluso aumentarían homicidios y la delincuencia.
Existen referencias de otros países que el porte libre de armas no ha sido la solución, ya que si la medida fuera efectiva se encontraría una evidente paz; y, más bien ha resultado lo contrario convirtiéndose en países con sociedades más agresivas.
En nuestro país la facultad de portar armas es exclusiva para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sin embargo, los ciudadanos pueden solicitar permiso para portar armas de fuego. ¿A quién le compete otorgar el permiso de tenencia de armas? Justamente es al Comando conjunto de las Fuerzas Armadas el que concede este permiso, mismo que se encuentra parametrizado en el Sistema Nacional de Control de armas.
Para que se emita el permiso correspondiente se debe cumplir con ciertos requisitos como lo son poseer factura o el contrato de compraventa del arma, certificado biométrico emitido por Policía Nacional, el cual permite verificar huellas dactilares, factura de pago del servicio básico del solicitante, pago de impuesto predial donde permanecerá el arma. Además de un informe psicológico, para verificar si la persona es apta para que se le conceda el permiso de tener un arma.
El permiso solo está destinado para personas naturales de nacionalidad ecuatoriana y su vigencia es de cinco años.
Finalmente, es importante recalcar que cuando se unen esfuerzos se pueden lograr resultados positivos en pro de una sociedad más justa, pacífica, equitativa y sobre todo poder vivir en un ambiente de paz y seguridad.