Tras trece años de vigencia de la Constitución de Montecristi es relevante analizar sobre los logros y su alcance. Una Constitución está hecha con base en consolidar procesos democráticos e instituciones. Sobre todo en tiempos difíciles donde es oportuno debatir por qué existen democracias débiles, ya que las sociedades latinoamericanas tienen fragilidad institucional, lo que tiene que ver con periodos de dictadura o de factos que se fueron construyendo hace poco.
En el caso del Ecuador, la democracia regreso en el año 1979 mientras que en otros países de la región está llegó en la década de los 80. Es fundamental pensar ¿cómo se han ido construyendo estas sociedades democráticas en tiempos de crisis? Sanitaria o económica o en diversas perspectivas ¿cómo se ha llegado a desinstitucionalizar un país? Y ¿cómo se puede lograr una mayor institucionalización?
Por ello, en tiempos de crisis es bueno reflexionar en los cambios normativos constitucionales que se han dado en el país, especialmente cuando se habla de la “Carta Magna” es decir la Constitución, el cuerpo más importante que tiene una nación.
Para iniciar es necesario explicar que una Constitución tiene dos partes, la primera la declarativa y en la segunda el texto contiene una declaración de poderes con la parte institucional que debe tener una sociedad, un Estado.
Su objetivo es contribuir con un proceso democrático consolidado en sus instituciones, debido a que no puede existir una democracia real sin un fortalecimiento institucional en sus poderes públicos. Teniendo en cuenta que cada uno cumple un rol diferente, el Ejecutivo tiene una función, el Legislativo y el Judicial otros.
En una sociedad democrática, es necesaria la independencia de los poderes. Esto asegura una vida democrática y es el mensaje que justamente se quiere llevar cuando se reflexiona en torno a la Constitución.
En este sentido, es pertinente que la Academia se sume al pensamiento para entender cuál es el camino de la institucionalidad democrática. Seminarios, clases, debates y otras actividades que puedan contribuir.
En Ecuador, después de 13 años, la Corte Constitucional actual está dando pasos interesantes en materia de interpretación intercultural y derechos de la naturaleza. Casos como el del Juez ponente Agustín Grigalva brinda elementos muy interesantes para pensar en el derecho penal en perspectiva intercultural en el país. Lo mismo con el caso de los Manglares del Juez Ramiro Ávila, muestra, por un lado, la justicia intercultural y también de los derechos de la naturaleza.
Es decir se comienza a ver una jurisprudencia interesante para proteger este tipo de derechos. Lo cierto es que de estos derechos paradigmáticos relacionados con construir una noción del buen vivir como cambio de paradigma de las relaciones sociales y de los seres humanos con la naturaleza, recién ahora es que se observan frutos, durante muchos años hubo silencio porque no se logró consolidar la institucionalidad.
Una de las causas fue porque al entrar en vigencia la Constitución se hicieron Reformas Constitucionales, lo que no dio tiempo a fortalecer a las instituciones y fueron cambios que se dieron en el camino.
Por otro lado, una de las debilidades de la Constitución de Montecristi es que otorga muchas atribuciones al poder Ejecutivo, lo que hizo que tenga una centralización y oda esa parte declarativa de los derechos, no tengan una pronta repuesta. Era tan fuerte que incidía en los demás poderes del Estado y a su vez, esa centralización no permitía ni la independencia ni la consolidación de los derechos que se encuentran en la parte declarativa de la Carta Magna.
Insisto en que es contradictoria una Constitución con una parte declarativa ‘hermosa’, pero con una parte de centralización del poder muy concentrada en el presidente.
También existen otras dimensiones y es válido acotar que las facultades de derecho no han cambiado su pénsum de derecho, lo cual limita la formación del abogado. Aún en el país las escuelas de derecho continúan con la misma oferta académica de los años 70 y 80. Siendo los abogados los operadores jurídicos y quienes hacen posible que los derechos se garanticen y se concreten en el aparato judicial, debería existir un cambio de paradigma.
Tampoco en las escuelas la formación existe carencia de formación en interculturalidad o de Derechos Humanos, hay una que otra asignatura, sin embargo, nada más.
En su amplitud la Constitución tiene diversas garantías de normativa, de política pública jurisdiccionales que asegura a las personas y la naturaleza sistemas de protección y muchas veces no se respeta.
Acá hay varias complicaciones. Las relaciones entre política y derecho es vigente e incide en la construcción y en el respeto de los mismos; para tener un estado de derecho lo que se requiere es tener voluntad política, primero por cuestiones básicas y por respeto a la institucionalidad y en segundo lugar, para garantizar la separación de poderes, incluso para respetar y que se cumplan derechos democráticos.
Si no existe voluntad política, los derechos quedan en el papel y difícilmente se concretan.
Si existe una voluntad política, por ejemplo de inmiscuirse en el Sistema Judicial este comenzara a tambalear. El sistema Judicial en el Ecuador es débil.
Venezuela es un claro ejemplo de a dónde se puede llegar ante un caos institucional. Más allá estar de acuerdo o no ideológicamente hablando, hay cuestiones que tienen que ser tratadas técnicamente y pensadas inteligentemente desde la institucionalidad. Lo que sucede en este país es la visualización de hasta donde se puede llegar. Sentido caótico o estado fallido y todo esto es un peligro para cualquier país de América Latina.
La política no puede interferir en el desarrollo de la institucionalidad, se puede hacer para solidificar, fortalecer, pero nunca para destruir. Cuando un gobernante comienza a minar sus propias instituciones, ese gobernante debe estar destinado a otra cosa. Situación que se ha visto en la nación caribeña. Si un presidente no tiene claro qué hacer, debe renunciar.
La Constitución y el Buen vivir
El Buen Vivir, no es solo un objetivo sino un derecho porque está en el preámbulo y en el ART. 14. Lo mismo pasa con la interculturalidad, todos los artículos tienen que ser leídos a la luz basada en ello y ¿qué ha pasado? No ha sido así, obviamente, el poder esta centralizado.
Una solución sería lo que se observa y se da de una u otra forma en los movimientos sociales con un protagonismo particular antes y después de la pandemia; sin embargo, no es la manera de combatir el autoritarismo.
Para explicarlo mejor, en Latinoamérica pasa que se pelea el autoritarismo de izquierda populista de izquierda con el autoritarismo neoliberal de derecha y este ha sido un juego autoritario que debilita más. No se piensa en la democracia sino en los intereses partidistas o personales. Sobre ello, no se ha reflexionado en abstracto para salir adelante, no es que Latinoamérica tiene países de tercer mundo, si no es un problema arraigado a otros factores.
Existen ejemplos en países del África que están saliendo muy bien, fortaleciendo sus democracias. Ruanda es uno de ellos y esto nos tiene que llevar a creer en América Latina. Y a combatir las desigualdades en América donde hay unas naciones ricas y otras con mayor pobreza, mientras esto se mantenga no se puede fortalecer las instituciones democráticas.
Robert Gargarella, en un diálogo democrático dijo que es necesario abrir debates masivos donde los estén los académicos, representantes de los gremios, movimientos sociales, industriales, trabajadores… que se ponga sobre el tapete la avaricia, porque hay un sector que está ganando más de lo debido.
Es de considerar que la academia tiene un rol fundamental. Por esta razón hay que hacer un llamado a los académicos para que debatan sobre política. La universidad no es para sumergirse en una biblioteca, está hecha para pensar y contribuir a la sociedad.
Finalmente, queda estudiar y evaluar de forma profunda la Constitución del Ecuador, hacerlo ayudará a tener un sentido crítico del texto. Por ello, en la Universidad Andina Simón Bolívar si hay toda una reflexión critico jurídico fuerte. Lo que es un aporte importante para que en el país exista una universidad pensante y es lo que se quiere mostrar con el seminario “Los 10 años de la aplicación de Constitución de Montecristi una mirada crítica y efectiva a la vigencia de Derechos Humanos”.