Es lo que ha predominado en la gestión de los subsidios en el Ecuador y que, pensando en propuestas teóricas referentes como la de Jonathan Morduch, en donde se plantea que los subsidios por sí solos no son buenos ni malos. Pues, dependerá de su diseño y puesta en acción el que estos se vuelvan inteligentes, siendo para ello necesario el cumplimiento de cuatro requisitos básicos: deben ser focalizados y no generalizados; deben tener una temporalidad predefinida -no eternos-; deben estar dirigidos hacia ámbitos del quehacer social considerados como prioritarios; y, también, deben ser especializados de acuerdo al ámbito de intervención.
Y, claro, al gestionarlos cumpliendo los cuatro requisitos anteriores, lo que se está pidiendo es que sean diseñados y aplicados desde criterios técnicos y no como herramientas de “clientelismo político” -sin importar las consecuencias, sobre todo, de sostenibilidad financiera en el tiempo- para quedar bien con el pueblo y, así, ganar votos en las futuras elecciones.
Ahora, yendo al caso de los polémicos subsidios a los combustibles a la ecuatoriana, se puede afirmar que se ha hecho todo lo contrario a lo propuesto por Morduch. De ahí, las consecuencias que ahora se tiene en relación a las distorsiones socioeconómicas generadas; por ejemplo, por un lado, el pueblo se ha acostumbrado a los “subsidios poco o nada inteligentes” -sobreestimando, en muchos casos, el impacto real de su eliminación- y, por otro, se han consolidado espacios para el “beneficio turbio” de grupos de personas que han lucrado con el contrabando de combustible debido a que en los países vecinos han tendido a ser más caros que en el Ecuador.
También, como es de esperarse, han servido para que los gremios de transportistas lo usen como pretexto para presionar a los gobiernos de turno, escondiendo, de esa forma, el funcionamiento ineficiente de las empresas y unidades de transporte que, lamentablemente, carecen de modelos de gerencia debidamente formalizados y profesionalizados, en donde la calidad, productividad e innovación sea lo que predomine de forma permanente al momento de lograr un servicio de transporte enfocado en el usuario y no en el bolsillo y prebendas transportistas.
Finalmente, esta mala práctica poco técnica y repleta de dosis de clientelismo político, también, a pretexto del subsidio para evitar el crecimiento del precio de combustibles, ha servido de justificativo para que la calidad de las gasolinas y el diésel deje mucho que desear, impactando, como es obvio, al funcionamiento de todo tipo de vehículo y, sobre todo, al medio ambiente natural por la contaminación generada.
En definitiva, en medio de este escenario, el gran desafío es encontrar una respuesta a la interrogante: ¿Cómo ir reencausando la gestión “poco o nada inteligente” de los subsidios a los combustibles?; siendo para ello necesario –entre el diseño de una estrategia efectiva de focalización transparente; la comunicación gubernamental pro comprensión ciudadana del real impacto en sus presupuestos familiares; y la separación de lo político de un ámbito que requiere de mucha aplicación técnica- el imperio de un diálogo estratégico como medio para lograr una solución que evite la paralización del país, eso sí buscando el menor impacto negativo posible al bolsillo de los usuarios de combustibles.
Esto último, parece ha sido leído y considerado por el actual Presidente Guillermo Lasso mediante la generación, en estos últimos días de octubre, de un par de decretos que suspenden el ajuste mensual de los precios de combustibles que, como fin último, buscaba eliminar unos subsidios que, por el populismo gubernamental, han fallado -desde su diseño y puesta en acción- como instrumento de política socioeconómica para mejorar el bienestar integrado de la población.