Desde una perspectiva general, el mayor desafío de los países ha sido la crisis de salud, como consecuencia de una pandemia que ha afectado a todas las economías del mundo, pero la COVID-19 es mucho más que un problema de salud es un problema que abarca una crisis a nivel social, económico y político. De acuerdo al Banco Central se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2021 registre un crecimiento interanual de 2,8%, además, menciona destinar varios planes de ayuda a las familias ecuatorianas, lo que contribuiría positivamente en el desempeño económico. No obstante, para que ello sea posible es vital contar con una articulación efectiva de políticas económicas que potencien el crecimiento y desarrollo económico, y por ende, impacten favorablemente en indicadores del mercado laboral.
Hablar de crecimiento económico para el país no tiene un fin propio, por lo que se tiene como objetivo priorizar la calidad de vida de los habitantes sobre la mejora de indicadores económicos, así se propone un conjunto de políticas económicas que guíen al Ecuador hacia un desarrollo sustentable y sostenible. Hay que recordar que el gobierno es quien posee la llave única para articular las acciones de todos los actores sociales. En la actualidad, es fundamental que el país y la región impulsen el diseño de acciones enmarcadas dentro de un modelo de economía circular ya que el continente presenta oportunidades para desarrollarse. De ahí, que surge la pregunta: ¿por qué no empezar ahora? Bajo este contexto, buscando el bienestar económico de Ecuador, se plantean a continuación políticas económicas que, además, mejoren las condiciones coyunturales que atraviesa el país.
Impuesto a cirugías plásticas
La política pretende gravar los servicios médicos netamente estéticos y reparadores con un 15% como tarifa por intervención médica. Se trata de un impuesto viable ya que involucra servicios de los que no hacen uso la población más pobre.
En el Ecuador, los centros privados no registran estadísticas de las cirugías plásticas estéticas que se realizan. No obstante, de acuerdo a la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (2017) se estima que desde 1980 la demanda de estas prácticas médicas ha crecido al 80% en los consultorios particulares de los especialistas. Si bien, la falta de estadísticas al respecto no permite fundamentar exactamente el crecimiento de demanda de servicios de este tipo, ya se habla de una curva ascendente que ha tenido una marcada evolución.
El beneficio de la política no solo se queda en un esperado aumento en la cartera de Estado en por lo menos $1’086.300 anualmente (tomando en cuenta una hipótesis conservadora de 5.000 cirugías de $1.500 cada una al año), sino que, además, se tendría un mayor control de médicos regulados y especializados que atiendan a la población. De esta manera, se espera redistribuir mejor la renta hacia los estratos más bajos y tratar la desigualdad, siendo este uno de los mayores problemas de la sociedad ecuatoriana.
Remuneración básica a recicladores informales
Hoy por hoy, los recicladores informales no tienen iniciación de actividades, ni poseen cultura de administración del negocio sólida a nivel nacional. Así, la política pretende que el Estado y sus instituciones se encarguen de incluir a los actuales recicladores que trabajan en las calles, en el sector de trabajo formal otorgándoles un salario básico al reconocerlos como prestadores de servicios de recolección.
Se estima que en Ecuador un reciclador informal gana mensualmente menos de $100, un pago considerado injusto al estar ligado únicamente a la venta del material y no al servicio que prestan a la comunidad, pues tal pago no se trata de un monto fijo otorgado directamente por alguna institución sino de lo recibido al vender el material recolectado del día a centros de acopio o a empresas privadas, las cuales incluso pueden negociar el material a un costo más bajo de lo establecido. Según la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (RENAREC) existe un aproximado de 20 mil recicladores de base; por lo que, como resultado de la política, se esperaría abrir una nueva oportunidad de empleo inclusivo a la ciudadanía y por ende, un mayor número de productos reciclados siendo la recolección de material una actividad formal ya controlada y reconocida por el Estado. Cuantitativamente, se estaría hablando de una reducción de la pobreza en 0,11% al dignificar el trabajo de 20.000 recicladores informales mediante el salario básico.
Impuestos sobre residuos sanitarios a empresas del sector manufacturero
La política está orientada a la reducción de residuos y consiste en obligar a pagar un monto por tonelada y/o galón de residuos a empresas que arrojan sus desechos en rellenos sanitarios. El objetivo es presionar a las empresas ecuatorianas a desarrollar estrategias responsables con el medio ambiente en el método de desecho de sus residuos, así como en el diseño de sus productos con menor impacto ambiental.
Así pues, se aplicarían los siguientes tipos impositivos a empresas del sector manufacturero en Ecuador. Para residuos peligrosos: de $20 por tonelada y $20 por galón; y, para residuos no peligrosos: de $10 por tonelada. De acuerdo con la Superintendencia de compañías, valores y seguros, en 2020, las compañías del sector manufacturero alcanzaron un total de 6.819 empresas. En cuanto a los residuos, se tiene como referencia la información presentada por el INEC en 2018 y se considera que para el 2020, bajo la situación por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid–19, la mayoría de municipios reportaron un incremento de al menos un 25 % en la generación de los residuos respecto al 2018. Ahora bien, tomando en cuenta esta información, se estima que el total de recaudaciones a razón de las tasas impositivas de $10 y $20 se sumaría un total de alrededor de $164’768.387 anualmente, si se continua produciendo la cantidad de desechos habituada hasta el momento.
Es claro que el impacto de esta política y las mencionadas anteriormente, no es solo económico por el capital que representaría, sino por su aporte beneficioso al desarrollo y a la búsqueda de una economía inclusiva y circular. Por último, se resalta que una política económica tiene un objetivo ambiental que cuidar y solo con políticas eficientes y articuladas se estaría dirigiendo a la sociedad ecuatoriana a un espacio en equilibrio entre las tres sostenibilidades: económica, ambiental y social.