La mejora nacional es un espacio de reflexión y, sobre todo, de acción, en donde, con la participación multiactores, se generen resultados e impactos en ámbitos que, interactivamente, ayuden a consolidar un proceso de desarrollo nacional cuya preocupación por la producción, la equidad social y el cuidado a la naturaleza sea esa especie de “faro direccionador” hacia donde apunten los esfuerzos públicos y privados con el único propósito de lograr un bienestar colectivo que aumente la fe, la confianza y la esperanza de todos quienes habitamos este hermoso y potencial país llamado Ecuador.
Siendo uno de esos ámbitos la mejora de las capacidades del talento humano que, tratada en términos de acceso cuantitativo y, principalmente, cualitativo de un puesto de trabajo, es clave para consolidar sistémicamente la competitividad del país. De ahí, cuando se vuelvan a debatir las reformas a las normas laborales, será fundamental focalizar la discusión no solo hacia el acceso numérico, a como dé lugar, de un puesto de trabajo; sino, también, hacia el debate y acción dirigido a cómo se produce ese acceso numérico en términos del mejoramiento de las condiciones humanas, técnicas y del ambiente laboral en que los trabajadores llevan a cabo sus tareas diarias.
Y, precisamente, alrededor de ese desafío surge la necesidad de potenciar, de forma real, el sistema de educación técnica del Ecuador que, sobre el enfoque y alcance de un programa que busque impulsar espacios para la certificación laboral por rama industrial, contribuiría a la construcción de las bases que las empresas requieren consolidar en el campo de la calidad, productividad e innovación y, así, con esas capacidades desarrolladas, puedan enfrentar las exigencias de un mercado cada día más globalizado y exigente en términos de una mejora competitiva continua. En este escenario, por ejemplo, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), los colegios técnicos y los institutos técnicos y tecnológicos pueden un jugar un rol clave al interactuar con las empresas, la cooperación internacional y las universidades.
Otro aspecto que se debe considerar, como parte de la acciones de mejora del talento humano nacional, es la optimización de un nuevo modelo de relaciones laborales que, con el aceleramiento pandémico de la digitalización de los procesos organizacionales, impulsó con fuerza -para evitar la paralización de la producción de la mayoría de empresas- a la consolidación del teletrabajo que, desde lo normativo y operativo -considerando que vino a quedarse, incluso en la pospandemia-, requiere de una serie de parámetros legales que regulen, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos y de incentivo a la adaptación tecnológica, la actuación, en doble vía, de los teletrabajadores y los empleadores en pro de mejorar la eficiencia y el bienestar humano laboral que, en última instancia, beneficia a ambas partes.
Y, claro, las modalidades de contratación es otro de los puntos que, evitando crear espacios para la explotación laboral -como ocurrió en su momento con la tercerización-, sirvan como un mecanismo para fomentar oportunidades de trabajo digno en donde los criterios de equidad monetaria y no monetaria sean los que predominen, ya que, al final, cuando un trabajador es tratado bajo un enfoque de gestión centrado en su bienestar humano, la organización, también, se verá beneficiada con un mejor desempeño laboral gracias al mayor compromiso organizacional que tiende a despertar el trato justo y equitativo de quienes, como colaboradores clave, contribuyen a la producción de los bienes y/o servicios que emergen desde el interior del tejido productivo de una nación.
Por último, lo que se acaba de plantear, al ser tratado de forma integrada, podrá, como bien lo resalta Hugo Kantis, Pablo Angelelli y Virginia Moori Koenig en “Desarrollo emprendedor en América Latina y la experiencia internacional” -publicación generada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, convertirse un estimulador para que “el desarrollo de un vigoroso sector privado innovador, socialmente responsable e integrado a los flujos internacionales de comercio e inversión surja como un elemento crítico para que los países de América Latina y el Caribe puedan acelerar su crecimiento económico y, así, mejorar sus condiciones sociales”. Promoviéndose, así, de a poco, la construcción de las bases de una “Libertad con Responsabilidad”.