El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuestionó el informe de la Defensoría del Pueblo sobre sus investigaciones de posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas y movilizaciones de octubre del 2019, cuando el Gobierno denunció un intento de golpe de Estado.
El general Luis Lara, jefe del Comando Conjunto, dijo que el informe carece de objetividad y fidelidad, por cuanto sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas, sin documentos ni informes probatorios relacionados a la planificación militar para la realización de las operaciones de las Fuerzas Armadas.
“Las Fuerzas Armadas rechazan, categóricamente, los razonamientos expuestos en ese Informe; y, reafirman que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, respetando las normas nacionales e internacionales que precautelan estos derechos”, dijo.
Lara también recordó que, entre las pérdidas que dejan las manifestaciones de esos días, están el secuestro de uniformados, agresiones y vejaciones físicas, pérdidas de cerca de $8,7 millones por destrucción e incineración de material y equipo militar. Temas omitidos por la Defensoría del Pueblo.
Las Fuerzas Armadas insisten en que su actuación se enmarcó en el respeto a los derechos humanos y que no se disparó un solo proyectil de armamento letal, durante estas protestas.