Se espera que en estos días la Asamblea Nacional someta a votación del Pleno la aprobación del proyecto de Ley de extinción de dominio. De ser así el Ecuador habrá cumplido con diligencia uno de varios compromisos que asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el desembolso de otro crédito por $ 6.500 millones de dólares, que consiste en pasar una reforma en materia anticorrupción.
Mientras el Ministro de Economía y los pocos panegiristas que le quedan al gobierno cacarean la noticia, a muchos ecuatorianos nos produce un sabor amargo constatar que quien define el cronograma legislativo, la política fiscal y pública en este pequeño país tropical es un organismo multilateral.
Y que no se malentienda este reproche, pues cualquier ciudadano bueno y decente debe patrocinar las herramientas que sirvan para combatir de manera eficiente males endémicos como la corrupción y la delincuencia organizada, lastres del subdesarrollo que tanto daño nos han causado como sociedad, pero no por ello debemos caer en la simpleza -o resignación- de admitir que si el producto ha sido positivo, las intenciones que lo motivaron no importan.
Pues sí, importan y mucho. El nuevo marco anticorrupción es apenas uno de los compromisos adquiridos con el FMI, y el menos conflictivo, vale decirlo; los demás -los problemáticos- implican una reforma estructural en materia económica dirigida a “proteger la dolarización” y “garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda”. Es decir, y dejando los eufemismos a un lado, la aplicación de políticas de austeridad, recortes en la inversión pública, bajada de salarios, privatizaciones y desregulación.
Esta agenda solo puede llevarse a cabo a través de una profunda reingeniería normativa en materia económica, que necesariamente supondrá la reforma de leyes, tales como el Código orgánico monetario y financiero -COMF-, la Ley orgánica de régimen tributario interno -LORTI-, y el Código orgánico de planificación y finanzas públicas -COPFP-. No es un tema menor y merece ser ampliamente publicitado, debatido y consensuado por la ciudadanía. ¿Nos puede ofrecer estas mínimas condiciones un gobierno que se ha caracterizado por cabildeos y acuerdos secretos? A estas alturas sería de necios pensar que sí.
Teniendo en cuenta que faltan apenas cinco meses para que se cumpla el cuadrienio que marca la conclusión del periodo de la Función Ejecutiva y Legislativa, el mejor regalo que nos podrían obsequiar nuestros impopulares gobernantes en esta víspera, es abstenerse de tramitar más leyes y declararse en vacancia permanente hasta que asuman sus cargos y dignidades los candidatos electos, sean quienes sean. Es por decencia.