Entrevista por Juan de Althaus
Entrevistamos al Dr. Francisco Huerta sobre la labor que realiza el Consejo de Regentes (CR) de la Universidad Casa Grande (UCG), cuerpo directivo al que pertenece. Él es médico cirujano por la Universidad de Guayaquil. Ha sido alcalde de Guayaquil (1970), ministro de Salud Pública en el gobierno de Oswaldo Hurtado, ministro de gobierno del presidente Gustavo Noboa, exembajador de Ecuador en Venezuela y en el 2008 dirigió la Comisión de Transparencia y Verdad, creada por el gobierno ecuatoriano para investigar los hechos detrás del bombardeo de Angostura. Fue presidente de la Junta Consultiva de la UCG y es subdirector del diario Expreso.
¿Qué significado tiene para ti el CR en las universidades privadas?
Cuando una universidad se crea es porque detrás existe un conjunto de personas que tienen una manera de entender la vida, unos principios que quieren preservar y vigilar que se siembren en el sistema educativo y sus graduados. Esa es la potestad del CR, integrado por gente vinculada a la universidad. En mi caso, yo fui presidente de la Junta Consultiva de la UCG por varios años; ahora tengo el honor de acompañar a Marcia Gilbert en el CR.
En el CR de la UCG, que fue constituido en el 2019, ¿qué rol específico has estado cumpliendo?
Básicamente, es lo que le atribuyen los estatutos que fueron consensuados para no quitarle el nivel administrativo al rectorado, que es la máxima autoridad como presidente del Consejo Universitario. En dicho documento se plantea una realidad de ejercicio y funciones en la universidad, por lo que, en ese sentido, la base filosófica a la que aludo es la vigilancia que establece el CR sobre la institución.
¿En qué incide la labor del CR sobre la autonomía universitaria?
La respeta, dado que se entiende que, cuando se fundó la universidad, el principio de autonomía estaba claro en los fundadores, y es un elemento que debe permanecer eternamente.
En cuanto a la pandemia, ¿qué rol ha venido cumpliendo el CR?
Permanentemente, hemos estado cruzando criterios respecto a situaciones que ocurren en la UCG, para estar claramente conscientes de qué está pasando en la universidad en estos días, lo cual es clave para su desarrollo a futuro, sin negar necesariamente que, como todas las instituciones del país y el mundo, hemos sido afectados por la situación.
La situación con la pandemia, viene duro. Más que nunca antes, hay que perseverar en los principios de la universidad, puesto que, como dice Marcia Gilbert, no se puede vender cualquier cosa; es un trabajo de educación superior, no es un comercio. No se puede, bajo ninguna circunstancia, degradar el concepto de universidad, estableciendo, simplemente un mercado de títulos. Y en ese sentido, hemos visto con gran agrado la labor del Comité de Emergencia, cuya planificación ha jugado un rol trascendente en torno al CR.
¿Los organismos pertinentes del Estado han estado colaborando?
Sí, en la actualidad tenemos una buena relación con los organismos del Estado. No dejan de estorbar ciertas memorias o recuerdos de lo que fue la edición del Estado desde el inicio de la reforma, pero creo que la práctica ha suavizado esas tensiones inútiles. Han entendido cuál es su rol, que es de facilitar la universitaria, no obstaculizarla.
Por supuesto, ahora habrá un esfuerzo mayúsculo en función de nuevas carreras, y en eso estamos trabajando. Hay que ampliar el ámbito de la oferta académica para compensar las dificultades que una universidad privada enfrenta en la crisis, como el atraso en el pago de los aranceles. Sin embargo, estamos llegando a acuerdos con los padres de familia, para sostener la matrícula y mantener el número de estudiantes, sin afectarlos.
Sin embargo, hay que también vigilar las propuestas que el poder ejecutivo está planteando para solventar la pandemia, porque si ponen una definición en los aranceles estableciendo rebajas, desnivelan absolutamente la planificación que tenemos. Eso sería muy peligroso para las universidades, salvo excepciones, lo que significaría enormes riegos económicos. Es una demagogia que el gobierno pretende llevar a cabo rebajando un porcentaje significativo que, además, no va a beneficiar mayormente a los padres de familia, quienes ya se han favorecido bastante de las negociaciones con las autoridades universitarias para lograr facilitar las cosas. Eso puede lesionar permanentemente la posibilidad de funcionar.
¿A eso se le puede llamar una especie de populismo educativo?
Sería una especie de populismo educativo diciendo: no pueden cobrar más de tanto, sin calcular cuánto se rebaja de la tarea del Estado en la situación de becas, que, en el caso de la Casa Grande, supera ampliamente lo que la ley establece como obligatorio.
Hay desesperación, como en todas partes, pero se trata de dar facilidades a la reactivación económica luego del coronavirus. Ahora mismo ha sido un tema de tensión el pasar a semáforo amarillo, pero parece que hay una responsabilidad médica suficiente de parte de salubristas y epidemiólogos para orientar el trabajo que está haciendo la alcaldesa y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) provincial en la conducción del problema en la ciudad. Así mismo, la buena noticia es que ya se está abriendo el aeropuerto y varias actividades económicas, estableciendo protocolos que cuiden la posibilidad de ser focos de contagio.
En definitiva, la educación superior sigue funcionando y ha habido un cambio trascendente: hemos pasado a utilizar la tecnología en lugar de exigir la presencialidad. Ya se venía practicando la modalidad a distancia en Casa Grande, así que no nos toma por sorpresa, pero es una modificación sustantiva en el ejercicio docente. Se está otorgando un especial cuidado para garantizar la enseñanza de calidad.
Texto original publicado en el N.16 de Ventanales, revista de la Universidad Casa Grande: