En pleno siglo XXI, el siglo del desarrollo veloz de las tecnologías de información y comunicación (TIC), no puede ser posible que las personas tengan que padecer un calvario -algo que en la vieja normalidad siempre se padecía y vemos, ahora, las cosas no han cambiado- en la obtención del denominado TAG -etiqueta en español- para uso de las vías de conexión con los Valles que circundan a la ciudad de Quito y, así, evitar duras sanciones monetarias por pasar los controles digitales sin la activación de ese dispositivo electrónico cuya implementación, pensando en la facilitación de la vida de los usuarios, por supuesto, es un gran adelanto gracias al ahorro de tiempo que se logra al sustituir los pagos vía casetas de cobro manuales y, en épocas de covid-19, también, contribuye a disminuir las posibilidades de contagio debido a la eliminación de la presencia del dinero físico al momento de cerrar la transacción.
Es decir, la intención del adelanto tecnológico es buena, el problema está, más bien, en cómo se la va poniendo en acción, iniciando -como punto de partida de su uso- con el registro de vehículos y la adquisición del dispositivo que permite la identificación y pago que realiza cada usuario de un peaje como retribución a la posibilidad de tener una carretera en excelentes condiciones en términos de calidad del asfalto, de la señalética visible y del acceso a un conjunto de servicios complementarios -por ejemplo: servicios mecánicos rápidos, de remolque y primeros auxilios- que contribuyan a que el viaje, por ese terreno, sea eficiente y, sobre todo, seguro.
Quizá por la urgencia de la medida -que, realmente, se debió haber tomado desde antes y con mayor calma y sin tantos riesgos sanitarios como los actuales- se observa una serie de improvisaciones que llevan a que, permanentemente, aparezcan noticias sobre las dificultades y molestias que van sintiendo los usuarios cuando buscan adquirir el TAG y hacer el pago de las recargas respectivas. Por ejemplo, se han establecido -en las WEB institucionales- sistemas de registro de los autos que, por quejas de los usuarios, son poco amigables, pues, tienen dificultades de conectividad o se piden requisitos como subida de documentos de matrícula y cédula que si son demasiado pesados -en términos de bytes del contenido- simplemente el trámite queda ahí bloqueado; por otro lado se han definido sistemas de reserva de turnos presenciales que, por la cantidad de usuarios, no se abastecen para atender de forma oportuna y, además, por la exigencia de la presencialidad del usuario se convierten en focos potenciales de contagio del covid-19.
Frente a este escenario, en donde la pandemia aceleró la necesidad de incorporar, con mayor fuerza, la digitalización a las relaciones entre seres humanos y organizaciones de todo tipo, es importante diseñar -para cualquier ámbito, ahora refiriéndonos a los peajes- una tramitología amigable, rápida y sistémica; sistémica, por ejemplo -para evitar la pérdida de tiempo de los ciudadanos-, la concepción y aplicación de lo digital debe ser total y no parcial como ahora sucede que, para obtener el TAG, deben las personas hacer filas grandes para la entrega física del dispositivo, cuando, fácilmente, con todos los registros del auto -que inclusive pensando en eliminar el paso señalado en el párrafo anterior, ya están almacenados, con mucha anterioridad, en las Agencias Nacional o Seccionales de Tránsito- más el pago realizado a través del sistema financiero se debería dar una hora y día para, únicamente -sin volver a llenar más formularios-, recoger el dispositivo de un sitio específico. También, para comodidad y seguridad sanitaria de los usuarios, se debería dar, como opción alternativa -con un pequeño recargo de envío- la posibilidad de que el TAG sea entregado a domicilio.
Y, para cerrar la digitalización integrada y no parcial, se debe generar una propuesta clave de TAG UNIVERSAL que pueda ser usado en cualquier peaje de las carreteras de territorio nacional; para ello, simplemente, se debe tener la aceptación previa del usuario para que todos los usos sean descontados de alguna cuenta relacionada a la institución financiera declarada y autorizada por el propietario del vehículo y, luego, lo recaudado se procedería a entregar al administrador local o nacional responsable del mantenimiento de los kilómetros de carretera asignados. De esta manera, se evitaría que los ecuatorianos nos tengamos que llenar y, con ello, hasta confundirnos por cada TAG que se exija obtener para cada peaje que surja, lográndose, así, un funcionamiento digital articulado entre todas las personas y organizaciones involucradas en este trámite que, lamentablemente, al igual que la tramitología de la vieja normalidad, va robando tiempo y energía de los ciudadanos que, con un modelo de tramite más inteligente, podrían ser invertidos positivamente en beneficio de la producción nacional.
Finalmente, se debe resaltar que está bien usar las TIC -como facilitadoras de la vida de las personas y las organizaciones- siempre y cuando, desde su diseño y luego implementación, se seleccionen modelos de gestión que, sobre la base del pensamiento y acción sistémica (PAS), incluyan a todas las variables que, focalizadas hacia la búsqueda de una mayor satisfacción del ciudadano -cuando paga una tasa-, incidan, de forma directa -gracias al cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y humanos-, en la mejora del bienestar colectivo de una población ávida por convivir en entornos en donde los trámites no sean obstáculos para el desarrollo de sus actividades cotidianas.