Los actos de corrupción que se han evidenciado en el país, indican que se han dado sistemáticas violaciones al contrato social, que implica que los servidores públicos siempre busquen el bienestar de la sociedad y por ello, los ciudadanos han demostrado cansancio o intolerancia, frente al manejo de múltiples gestiones relacionadas a la contratación pública.
La pandemia ha servido como plataforma para evidenciar los abusos que se han dado en el sector público y finalmente nos estamos dando cuenta que vivimos en una democracia bastante debilitada pero que, en definitiva, a diferencia de la administración pasada, existe una mayor capacidad de expresión; es decir, que la libertad de expresión es un derecho que hemos sobrevalorado pero, que ahora lo podemos ejercer con mayor facilidad.
El hecho de que exista una mayor posibilidad de expresar inconformidad o a su vez, satisfacción frente a un servicio o gestión pública, permite transparentar de mejor manera el trabajo de los servidores públicos, pero de la denuncia a la sanción, hay un largo camino.
Con respecto a esto último, la voz institucional, es decir la del Gobierno de turno, continúa defendiendo a rajatabla las decisiones que se toman internamente, a pesar de que estas perjudiquen a la sociedad o impliquen abuso de poder. Lastimosamente, dentro del mismo Gobierno se han descubierto casos de corrupción muy evidentes, que no han ocurrido durante la pandemia necesariamente, sino durante estos tres años de administración y sin embargo, parece que les resulta sencillo ignorar dichos sucesos con el objetivo no desprestigiarse.
Por otra parte, sí existe una tajante persecución e inclusive una sed por reivindicar los derechos vulnerados, cuando se trata de actos de corrupción dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Es decir, el Gobierno toma acciones y solicita se realicen las investigaciones pertinentes para frenar a quienes abusan de una posición de poder, siempre y cuando esto no le afecte a la cúpula “suprema”.
Esta es una de las razones por las que existe gran fragilidad institucional, porque los actos de corrupción dentro del Gobierno se siguen perdonando o ignorando.
El Ecuador, en los últimos 10 años, no ha contado con instituciones de justicia independientes y eso es un problema grave y preocupante para nuestra realidad actual, porque si no hay independencia en la justicia, no existirán jamás, ni siquiera por casualidad, mecanismos eficientes para atender o resolver los casos de corrupción.
En el caso puntual del Ex-Prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, de quien se discutía su destitución por medio del Consejo Provincial, podría reconocerse que se dieron falencias en el proceso de acusación o de investigación, quizá porque los jueces encargados, estaban sujetos a intereses personales. Y esto no puede suceder cuando se quiere administrar justicia, para tratar de alcanzar el bienestar común general.
La administración de la justicia no ha actuado de manera adecuada y profesional, aunque esto es algo que no nos debe sorprender, porque en los últimos 10 años pudimos comprobar con la impunidad era la palabra que describía la ligereza con la que se trataba a quienes habían cometido perjuicios a la sociedad. Lamentablemente muchos de los jueces que todavía se mantienen en el poder, fueron elegidos por la administración pasada; es decir, fueron designados arbitrariamente por la administración de Rafael Correa y por ende podrían seguir respondiendo a intereses políticos, mas no a la sociedad.
Por otra parte, el problema es que la sociedad ecuatoriana ha normalizado la corrupción y es por esto que nos volvemos más tolerantes ante los actos ilegales y olvidamos la capacidad que tenemos de fiscalizar a los servidores públicos. Al normalizar la corrupción, la sociedad cree que es aceptable la teoría de “roba pero hace obra”. Ésta se estudia en las Ciencias Políticas ya que describe cómo la ciudadanía permite que se den casos de corrupción, a cambio un beneficio social, como la construcción de una carretera o inclusive la construcción de una cancha de fútbol sintética.
La coyuntura ha demandado que la sociedad despierte y es por esta razón que vemos cómo se han dado múltiples demandas de irregularidades, por ejemplo, en la compra de materiales sanitarios para afrontar la pandemia. Así, se han evidenciado los sobreprecios en las compras de las fundas de cadáveres, en las pruebas rápidas y el gel antiséptico, realizadas desde diferentes instituciones públicas. Lo preocupante es que los otros casos de corrupción, no relacionados a la emergencia sanitaria, han quedado en el olvido.
La corrupción en el país se ha evidenciado no durante los últimos 13 años, sino históricamente. Como sociedad somos bastante cortoplacistas y no hemos sido capaces de recordar la historia de las administraciones pasadas, para entender los errores cometidos y así plantear soluciones para mejorar la calidad de la gestión pública.
Las denuncias y reclamos actuales, desde la sociedad civil, son un primer paso para transformar la realidad política del Ecuador. Se debe implementar una política de cero tolerancia hacia la corrupción, entre otras cosas, eso implicará profesionalizar la política, de manera que quienes lleguen al poder, no sean simples mercenarios, interesados en satisfacer sus necesidades personales, sino que sean personas realmente capacitadas, que tengan experticia en áreas de administración pública.
También es importante incentivar la educación cívica, que es el estudio de las relaciones de poder dentro de la sociedad, para que a través de ella podamos desarrollarnos como ciudadanos conscientes de las realidades sociales, políticas y económicas, y de esta manera, poder definir el rol de cada uno en la sociedad. Además de decidir quiénes son nuestros gobernantes, tenemos la capacidad de fiscalizar a los servidores públicos. Muchas veces optamos por mantener un rol bastante cómodo y pensamos que no es deber nuestro observar los actos que se realizan en el sector público. Sin embargo, debemos fortalecernos como ciudadanía y apersonarnos de los problemas públicos. Las democracias más sólidas, son las que cuentan con sociedades civiles comprometidas y en constante comunicación con los poderes del Estado.