Hasta ahora todos se han preocupado por si fueron buenas o malas las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Lenín Moreno. Es verdad que la eliminación de los subsidios a los combustibles era una medida inevitable desde que aceptamos tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El impacto que esa decisión ha generado es muy crítico, pero no se ha debatido sus verdaderos alcances en la economía del común de los ecuatorianos.
Es verdad que el país ahorra $1.300 millones por la eliminación de los subsidios al diésel, la gasolina eco y la extra, pero también es verdad que esos combustibles tienen un efecto multiplicador en toda la cadena de producción, comercialización y distribución de cualquier producto con valor agregado.
Lo evidente ahora es que los pasajes suben entre un 20% y 30% en promedio y vamos a ver también como los productos de primera necesidad se van a incrementar en porcentajes similares. En las redes sociales ha comenzado a circular el ejemplo típico que intenta medir cuánto debería subir cada papa o cebolla por el aumento en el costo del flete por la subida de los combustibles.
Matemáticamente es muy fácil medir eso, la realidad en la calle es distinta. Siguiendo el mismo ejemplo, el transportista que carga esa papa o cebolla ya le pone un valor agregado, un costo extra, ahora hay que ir a quien compró esa papa o cebolla. Es un efecto en cascada, porque no estamos hablando solamente del señor que transporta las papas o cebollas, porque él antes compró a un productor que también verá un incremento en sus costos de producción.
Todo producto que genera valor, ese valor no nace en el momento del transporte sino durante la siembra, la cosecha, el almacenamiento y solo luego en el transporte. No es un incremento que se verá reflejado solo en el transporte de los productos de primera necesidad. Ese es solo uno de los porcentajes extra.
El huevo, por ejemplo, que cuesta ocho o nueve centavos subirá a 11 centavos, son dos centavos más; la libra de arroz que pase de 45 a 48 centavos, son tres centavos más. En la práctica esos centavos representan un incremento promedio de entre 10% y 20%.
A esto hay que sumar la cultura especulativa de los ecuatorianos; el intentar sacar provecho con la especulación, subir los precios por encima de lo razonable. Por ejemplo, dicen que como el diésel subió 100% a toda la canasta básica hay que subirle el 100%. La cultura especulativa genera una grave distorsión de precios en los mercados.
Y como no existen controles efectivos en la intermediación de los productos, siempre están los especuladores. Ahí está el problema.
Una persona que va en bus ahora va a tener que pagar 10 centavos más, solo una. Ida y vuelta son 20 centavos, por cinco días a la semana estamos hablando de un dólar a la semana y cuatro al mes. Si esa persona tiene hijos y esposa los gastos del transporte se multiplican.
Supongamos que hay un incremento de uno a cinco centavos en la papa o la cebolla, esa persona va a necesitar hasta dos dólares para completar sus compras de la semana. Eso genera una pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, que no se ha modificado. El problema se agrava porque un 60% de ecuatorianos gana el básico. Y necesitará unos 20 dólares o 30 dólares al mes para cubrir esos extras.
Si a una persona le suben todo y no el sueldo, ¿cómo va a cubrir esos gastos? Medidas como la eliminación de aranceles para llantas y autopartes solo beneficiarán a los transportistas, los dueños de las unidades; el incremento de los 15 dólares en el Bono de Desarrollo Humano también tiene una población fija; para el ecuatoriano que gana el básico eso no compensa en nada. Aquella persona que recibe 394 dólares al mes ya sabe que su capacidad de compra se redujo en por lo menos 15 a 20 dólares.
En el plano político, le que se ve aquí es una división en la parte gremial, llámense campesinos, taxistas, transportistas…, y esa podría ser la fortaleza del Gobierno para buscar una salida negociada a las protestas que ha desencadenado las medidas. Porque el Ejecutivo en estos momentos no tiene un respaldo propio sino uno empeñado, de los otros partidos políticos, la oposición al gobierno del expresidente Rafael Correa.
El problema es que no están claras cuáles podrían ser las soluciones. Es verdad que las empresas con todos los incentivos recibidos como eliminación de aranceles, del pago anticipado del Impuesto a la Renta o reducción del Impuesto a la Salida de Divisas podrían generar empleo, porque al tener una mayor liquidez estarían en capacidad de ampliar sus líneas de producción, ¿y si el consumidor no puede comprar más allá porque le quitaron su capacidad de pago?, ¿a quiénes van a vender esas empresas?
Las empresas para generar empleo primero tienen que ver si venden.
El Gobierno en este momento debería pensar en una revisión de salarios para compensar sobre todo a la población que gana el básico, la que más siente los estragos, porque los transportistas recuperarán su inversión con menos aranceles, llantas con precios más bajos y los pasajes más altos. Y las empresas tienen más liquidez. Todo es perfecto, ¿y la clase media?
El Gobierno no debería esperar a noviembre o diciembre para anunciar las medidas compensatorias. Esa es una primera opción que tiene. Lo otro es lograr un consenso con los campesinos e indígenas también afectados en sus ingresos, porque sus productos se encarecen y ellos son siempre absorbidos o explotados por los intermediarios. Ellos nunca tienen grandes márgenes de ganancia por sus productos. Tienen un seguro campesino débil.
Si no se controla está convulsión el costo político puede ser más alto que el ahorro de los $1.300 millones anuales en subsidios.
La paralización en los principales accesos a las grandes ciudades puede terminar en un colapso, porque las empresas no podrán vender, las exportadoras no podrán sacar sus productos y las pérdidas van a ser mucho mayores a las esperadas. Si no hay un control a tiempo el costo de terminar el subsidio a los combustibles será haber desatado una convulsión social.
Un costo que no fue calculado en sus reales dimensiones.