El Consejo de Administración Legislativa calificó dos de los tres pedidos de Juicio Político contra miembros de Consejo de Participación Ciudadana. Los juicios fueron planteados por Fabricio Villamar; la coalición AP-Creo-Bin-Badi, por intermedio de Jeannine Cruz, y otro más pedido por Raúl Tello, presidente de la comisión legislativa de Participación Ciudadana.
Los pedidos pasan ahora a revisión de la Comisión de Fiscalización.
Tuárez enfrentará tres procesos; el consejero Walter Gómez, dos; y las consejeras Rosa Chalá y Victoria Desintonio, uno cada una.
Tuárez fue acusado por Villamar de falta de probidad necesaria para cumplir las funciones, de mentirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) para ser candidato y de incumplir la norma que prohíbe a los representantes de cultos religiosos desempeñarse como consejeros ciudadanos.
El juicio está dirigido, a más de Tuárez, a los vocales Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá. Tiene 79 firmas de respaldo que incluye a algunos legisladores del PSC.
En este proceso, según Jeannine Cruz, los cuatro consejeros violentaron la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Ley de Participación Ciudadana y de Servicio Público, y por pretender estar por encima del dictamen de la Corte Constitucional.
En el proceso se aclara que las competencias extraordinarias del CPCCS transitorio no son aplicables para el definitivo y que este no goza de autotutela, es decir, de capacidad de revisar las decisiones tomadas por el anterior.