El acto se desarrolló sin la presencia de los legisladores del bloque CREO, que previo a la instalación de la sesión manifestaron su rechazo a dicha posesión. “El CPCCS no representa el sentir del pueblo ecuatoriano, por tanto hemos decidido no acudir al llamado de posesión de sus nuevos integrantes”, señalaron.
El Bloque Legislativo de @CREOEcuador no avala la posesión de los consejeros y consejeras del #CPCCS como una posición coherente y consecuente con nuestro llamado del pasado #24M a votar NULO. pic.twitter.com/0y6jGezquC
— Bloque Legislativo CREO (@BloqueCREO21) 13 de junio de 2019
Asimismo, ratificaron su posesión de respaldar la propuesta de eliminar el organismo, a través de una consulta popular o una enmienda constitucional, y que la facultad de designar a las autoridades de control retorne a la Asamblea.
El presidente del parlamento, César Litardo, tomó juramento a las flamantes autoridades, tanto principales comos suplentes: Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo. Los 14 consejeros estarán en funciones por un periodo de cuatro años.
Posteriormente, los consejeros se trasladaron hasta el parque del Arbolito, en Quito, donde participarán en una ceremonia ancestral de posesión.
Luego de ese acto, tienen previsto instalarse en las oficinas del CPCCS y mantener su primera reunión de trabajo como consejeros del organismo. Queda pendiente la designación de autoridades.
Antes de su posesión, el Tribunal Contencioso Electoral emitió su fallo, negando la denuncia por infracción electoral contra los consejeros Walter Gómez, Victoria Desintonio y Juan Dávalos, quienes pueden ejercer sus funciones.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la función de Transparencia y Control Social del Estado. Se encarga, principalmente, de designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía a las entidades de control. Asimismo, se encarga de presentar, promover e impulsar propuestas normativas en materias de participación y control social, según lo establecido en la Constitución.