El acuerdo alcanzado con FMI, por primera vez, es del tipo Servicio Ampliado (SAF). Esta modalidad nos da plazos más largos, más recursos, los programas tienen características estructurales más sólidas y por ende las exigencias inmediatas son menos marcadas.
Pues bien, el desembolso de 4200 millones de dólares para Ecuador tiene como objetivo lograr una posición fiscal sólida, es decir, reducir la relación de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB) . Para ello, el programa plantea que caminemos hacia una mejora de 4 o 5 puntos del PIB en las finanzas públicas, con lo cual generaríamos un superávit. Los últimos años, la nueva deuda ha servido para cubrir el déficit y pagar los vencimientos anteriores; ahora, la nueva deuda (mucho menor) serviría solo para pagar una parte de los vencimientos anteriores porque el resto se pagaría con el superávit y no habría déficit que cubrir. Hay que estar claros: esos 4 o 5 puntos es un ajuste muy importante.
El plan que Ecuador presentó al FMI contempla 4 ejes: reequilibrio de la masa salarial; optimización de combustibles, reducción de gasto de capital e inversión y la revisión de beneficios tributarios.
Según entendemos, el gobierno tiene la opción de decidir cómo mejorar esos 4 o 5 puntos del PIB en las finanzas públicas. Puede ser vía reducción del gasto corriente o de inversión -aquí ya no hay mucho espacio- o vía aumento de ingresos. Esto último a su vez puede darse vía eliminación de exoneraciones, como por ejemplo los gastos personales a la gente de más altos ingresos, recorte en subsidios y/o alza de impuestos como el IVA, aunque, personalmente, creo que el ajuste debe darse básicamente vía reducción del gasto improductivo -sobre todo corriente-, algo en subsidios a los combustibles (gasolina extra, focalización del gas), eliminar exoneraciones y nada vía aumento de impuestos. Dicho esto, considero que el aumento del IVA sería una pésima decisión.
También se acordó con el FMI subir la recaudación de impuestos en 1,4 puntos del PIB hasta el 2021, es decir, alrededor de 1 600 millones de dólares lo que, en buena medida, podría lograrse entre combustibles y eliminación de ciertas exoneraciones, pero también debería eliminarse el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que equivale al 1%del PIB. Si eliminamos el ISD, habría que aumentar el resto de ingresos en 2.5% para que, quitado el 1% del ISD, quede neto 1.5% de la meta. Ahí entraría en juego el dilema del aumento del IVA. Nuevamente, no creo ese deba ser el camino, sino la eliminación de gastos improductivos.
En términos de seguridad jurídica hay dos temas adicionales muy importantes que solo están parcialmente en el acuerdo: competitividad y reforma al mercado laboral, además de las reformas al Código Monetario y Financiero, sobre todo en lo que tiene que ver con la independencia del Banco Central (BCE) para que no se convierta en financista de la economía nacional.
Los ecuatorianos debemos entender que cuando hay que poner la casa en orden, luego de 10 años de pésimo manejo económico, las decisiones no son las más atractivas, pero son necesarias. Sucede en los países igual que en el hogar o las empresas.