El exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y la exasambleísta del correísmo, Sofía Espín, no son perseguidos políticos, informó el canciller ecuatoriano, José Valencia, al ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
En cuenta de Twitter, el canciller aseguró que tanto Ochoa como Espín son buscados por jueces, acusados por delitos comunes, luego de que la noche del 31 de enero, la ministra del Interior, María Paula Romo, en declaraciones a los medios de comunicación informara que ambos exfuncionarios se encuentran en Bolivia, tramitando asilo político.
“Hemos confirmado esta situación y apelamos al sentido de cooperación internacional, para que estas personas sean devueltas al país donde tiene procesos penales”, dijo.
Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, notificó a la Policía Internacional (Interpol) que Ochoa enfrenta tres procesos penales: injuria calumniosa y no calumniosa grave y por injuria. Según documentos de Migración, el exsuperintendente ingresó al aeropuerto de El Alto, en Bolivia, el 20 de enero de 2019.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dictó orden de prisión contra Espín el 23 de enero de 2019 por haber incumplido en dos ocasiones la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país en la investigación por oferta de tráfico de influencias, dentro del proceso por secuestro a Fernando Balda.