La Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional ha pedido explicaciones al Servicio de Rentas Internas sobre la aplicación del Impuesto Verde por ser desproporcional.
Los llamados impuestos ambientales fueron creados por el anterior Gobierno con el supuesto objetivo de combatir la contaminación ambiental, pero en la práctica los que hicieron o hacen es castigar al propietario de un vehículo nuevo, híbrido que no contamina, pero consume más gasolina. Es decir, el impuesto, en sí, no era tanto para combatir la contaminación ambiental sino para castigar o hacer que paguen los propietarios de aquellos vehículos que consumían más gasolina.
Esos impuestos estaban direccionados en dos vías. No fueron creados solo por el tema de la contaminación, porque estaban dirigidos al segmento de la población con vehículos nuevos y modernos, que se supone no contaminan, y a la vez comenzaron a castigar a aquellos vehículos con alto cilindraje y con más de cinco años de antigüedad. Entre más años tiene un vehículo más alto es el impuesto verde.
Desde un inicio este tributo estuvo mal orientado, porque no se sabía a quién estaba dirigido, si era para los vehículos modernos o para los viejos. O era para el que más contaminaba el medio ambiente o era para el que consumía bastante gasolina.
Esa ambigüedad generó bastante malestar y el Servicio de Rentas Internas, para evitarse complicaciones, comenzó a hacer un tipo de descuento, primero del 80%, después del 50% y ahora, este año 2019, todos van a pagar el 100% del impuesto verde. Eso fue la causa de que muchas personas, propietarios de vehículos con alto cilindraje y más de cinco años de antigüedad, se encontraran con que este año debían pagar hasta el doble por concepto de matriculación vehicular.
¿Qué tan efectivo ha sido este impuesto para los objetivos planteados? Viendo las estadísticas podemos decir que el consumo de la gasolina súper o extra ha ido en aumento cada mes y cada año. No se ha podido controlar su consumo. Y en el tema de control de la contaminación ambiental no se ha avanzado en absolutamente nada, porque los vehículos, especialmente los más antiguos, siguen emitiendo monóxido de carbono, emisiones altamente contaminantes.
Los importadores de vehículos nuevos o eléctricos, menos contaminantes, tuvieron fuertes restricciones para entrar al país por las licencias y los cupos impuestos. En el mercado se disparó la venta de autos usados. En la práctica, no se avanzó ni en un cinco por ciento en el objetivo de disminuir los niveles de contaminación ambiental.
Pero el problema no es solo el de los objetivos nunca concretados, sino que con el ajuste de los subsidios a los combustibles, la pregunta de muchos es ¿por qué aparte de pagar una gasolina sin subsidio debo cancelar un impuesto por consumir más gasolina?
Una Ford Explorer del año 2018, por ejemplo, primero no contamina el medio ambiente porque es un vehículo híbrido, la contaminación es mínima, por no decir cero, y si consume gasolina lo hace a precio de mercado, entonces ¿por qué el Estado castiga con el impuesto verde a quién no está al margen de la ley y, por el contrario, contribuye a la reducción de las emisiones?
El impuesto verde genera una distorsión y la ley debe ser igual para todos. No se puede castigar a quien no está contaminando. Es contradictorio. Si ya no recibo un subsidio en la gasolina Súper, por qué me cobran el mismo impuesto de hace un año.
Los propietarios de los carros más antiguos, sin duda, van a ser los más perjudicados. Uno de ocho años de antigüedad que el año pasado pagó $520 este año deberá cancelar $810 por la matrícula. Y el costo seguirá subiendo según el año de antigüedad y el cilindraje. Es como que la ley comenzó a salpicar a justos y pecadores. No mide con la misma vara a todos los contribuyentes.
Por el ajuste de los subsidios, el Gobierno argumenta que ahorra casi $400 millones, pero aparte de que recauda $400 millones pretende cobrar otros $400 millones por un impuesto como el verde. Es doble gasto para el contribuyente.
Y no solo es el impuesto verde, hay una serie de tributos creados en más de 20 reformas tributarias aprobadas por el anterior Gobierno, que deberían ser revisados. Primero están los famosos ICES. Basta abrir la página del Servicio de Rentas Internas para hallar como 15 Impuestos a los Consumos Especiales para golosinas, whyskis, perfumes…, para la mayoría de productos importados. Luego está el Impuestos a la Salida de Divisas, a la plusvalía, a las herencias, a las botellas de plástico que han afectado directamente a la clase alta, media y baja, porque también consume.
El Estado, así como ajustó algunos subsidios, también debería ser condescendiente con el contribuyente y bajar esa carga tributaria que ya no es tan eficiente y no genera expansión, sino lo contrario. El de la salida de divisas ahoga a los exportadores; para qué los impuestos a los consumos especiales en ciertos bienes que ya pagan altos aranceles.
Son entre cinco y ocho impuestos que quitan liquidez al pequeño contribuyente. Por el Impuesto a la Salida de Divisas, el Fisco recaudó $1.090 millones en 2017, el año pasado la cifra fue de $1.250 millones; los impuestos ambientales a los automotores dejaron $31 millones en 2017, la cifra subió a $119 millones en 2018; el impuesto a los vehículos motorizados arrojó $191 millones en 2017, el año pasado fueron $214 millones.
Solo tres impuesto generaron al Fisco cerca de $1.700 millones en 2018. Si se disminuye entre un 30% o 40% estamos hablando de que el Estado dejará de recibir entre entre $500 y $800 millones. El Estado tendría que analizar por qué lado podría recaudar ese monto de dejará de recibir. Pero si el contribuyente tiene menos carga tributaria también tendrá mayor liquidez para consumir y un aumento del consumo significa mayores ingresos para el Fisco vía recaudación del IVA o el Impuesto a la renta.