El gobierno de Lenín Moreno parece perdido en lo económico, pues más allá de deshacer el correísmo (el propósito contrario al que fue elegido por los ciudadanos, que le votaron como continuador del correísmo) no parece tener un plan económico lógico ni coherente. Al menos desde la llegada del Ministro Martínez se hace un diagnóstico certero de los problemas económicos del Ecuador, y lo que es más importante, se reconoce que hay problemas graves (se dice “la economía está enferma” y se habla de “sanear la economía”), sin embargo, las medidas anunciadas no son acordes con la gravedad de la situación diagnosticada. Se intenta curar a un enfermo que se desangra a base de banditas.
La situación de la economía ecuatoriana sigue siendo crítica a pesar de que no se perciba en el día a día de los ecuatorianos. No olvidemos que el precio del barril de petróleo sigue estando considerablemente alto (70$ el barril), y que la economía ecuatoriana sigue dependiendo en su mayoría de las deudas que ha ido contrayendo en el último año. Por tanto no son elementos que den ni seguridad ni estabilidad.
Los planes anunciados, sin embargo, no atacan los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Se proponen soluciones parciales y claramente insuficientes. Tan claramente insuficientes que se hace evidente a casi todos los analistas que las que se van anunciando son tan sólo algunas medidas, y que en el futuro seguirán tomándose más (y la propia retórica del gobierno así lo parece anunciar). Por tanto se sigue creando incertidumbre. A un año de finiquitado el correísmo no sabemos qué mismo es el planteamiento de futuro del Ecuador, y es que parece no haber ninguno.
Las medidas anunciadas el pasado 21 de agosto por el Presidente Moreno y sus ministros son medidas que apuntan en la dirección correcta: reducción del gasto público y fomento de la inversión privada. Son medidas que anuncian un cambio de rol del Estado y que se comprometen en la lucha contra la corrupción. Sin embargo son medidas que en su cuantía no representan un monto suficiente para que se pueda decir que hay un cambio significativo en las cuentas públicas.
Las medidas anunciadas las podemos dividir en dos grupos: las que anuncian más gasto público y las que promueven más ahorro.
Medidas de ahorro
Lo primero que hay que decir es que las cifras presentadas no ofrecen mucha credibilidad pues se presentan montos de ahorro proyectado sin ninguna explicación ni sustento, y honestamente no parecen muchos de ellos muy creíbles. En general cuando los gobiernos (como las familias o empresas) hacen proyecciones de ahorro el ahorro producido suele ser muy inferior al previsto. Si además no sabemos de dónde salen los datos anunciados por el gobierno del supuesto ahorro por medida, sospechamos que será muy inferior a lo anunciado. Y eso que lo anunciado, como se indicará, es claramente insuficiente.
Reducción de ministerios y embajadas: Es una medida de una gran importancia simbólica e ideológica. Es reconocer que el Estado ecuatoriano está sobredimensionado y que hay muchísimas funciones asignadas al sector público que no debería hacer. Ahora bien, si solo se reducen los ministerios pero no se eliminan las funciones que hacen estos ministerios tan sólo es desvestir a un santo para vestir a otro, pues hay que seguir pagando el mismo personal y las funciones públicas que interfieren en la vida social seguirán ejerciéndose.
Re-configuración de empresas públicas: No se habla de privatización, que es lo necesario. Estas empresas cuestan muchos millones de dólares a los ciudadanos en su mantenimiento y ofrecen servicios muy cuestionables (y el hecho que son cuestionables lo sabemos pues los ciudadanos mayoritariamente no los eligen a ellos sino a la competencia que no recibe subvenciones). Por tanto lo lógico y justo socialmente es privatizarlas, no por el monto que se pueda obtener con su venta, sino por el monto que se pueda ahorrar de su mantenimiento.}
El ahorro por más eficiencia de 350 millones más suena a recortes que a eficiencia real. No mejora la productividad ni parece que mejorará el servicio.
Eliminación de la seguridad y de los planes de teléfono de los asesores ministeriales. Es una medida que simbólicamente es muy importante. Se elimina la idea de que los asesores ministeriales o los trabajadores públicos de alto nivel (la burocracia dorada) son trabajadores especiales que gozan de privilegios a costa de los ciudadanos. Así como la eliminación de la seguridad de los ministros y asesores, ya no serán esos que se pasean por las calles de Quito en carros sin placa por el carril de la Metrovía con esa actitud de “usted no sabe con quién está hablando” que tan bien conocemos por desgracia, y servirse de lo público para su propia ostentación y beneficio. O al menos, si lo hacen ya no lo harán con dos policías detrás respaldándoles, lo que les pone casi al mismo nivel que los ciudadanos. Ahora, bien, el ahorro proyectado de 150 millones parece una cifra desproporcionada. Y por cierto, hablando de los carros que se anuncia que se venderán, ¿alguien sabe qué pasó con el avión que dijo que iba a vender el Presidente Moreno?
Reducción de la contratación discrecional. Todo lo que se haga para luchar contra la corrupción parecen pasos adelante. Pero la verdad me cuesta visualizar cómo esto puede ahorrar 400 millones. Además es una medida que tiene ventajas y problemas: parte de la contratación pública ha de ser ágil, y ahora no lo podrá ser.
Subsidios: Son el gran elefante en la habitación desde hace décadas en los presupuestos de Ecuador, y aunque el ministro reconoce que es un problema de 3.000 millones (tomemos su dato como válido aunque es muy dudoso), anuncia una reducción de 100 millones (que además puede ser mucho menos si los consumidores pasan de la súper a la extra). Esto es el 3% del gasto total de subsidios, es importante que se reconozca el problema, pero se da una solución ¡AL 3% DEL PROBLEMA! dejando el 97% del problema igual. Es clamoroso que no es suficiente, y que en el futuro habrá que seguir reduciendo los subsidios. Ojalá en Ecuador se racionalice algo tan patentemente injusto e ineficiente.
Dinero de la corrupción. El incentivar el retorno del dinero de la corrupción me parece una medida razonable, popular y justa. Pero me temo que el dinero que se podrá recuperar será mínimo, si será algo, en comparación con el robado y con lo necesario.
Medidas de gasto
Es sorprendente que en el mismo texto y en el mismo anuncio que se reconoce que hay un grave problema de déficit público se anuncian medidas de gasto. Cuando precisamente lo que provoca el déficit público y lo que es insostenible es el gasto del Estado.
Bono de Desarrollo Humano: Falta un análisis de su idoneidad. Es volver al Ecuador clientelar de los anuncios populistas para ganar popularidad. En una aproximación razonable son unos 124 millones más de gasto, sin haber hecho una evaluación completa de los mismos. Es verdad que el Bono de Desarrollo Humano no es el peor gasto del Estado, y éste, al menos, se dirige a las personas más desfavorecidas (en teoría).
Créditos con el objetivo de generación de empleos: Son medidas sobradamente demostradas como contraproducentes, pues se subsidia proyectos productivos ineficientes, y la tasa de morosidad es altísima, subvencionando a empresarios ineficientes con el dinero de los contribuyentes. Aunque devuelvan el principal (y muchos no lo hacen) el coste de la asignación y gestión y de asumir los tipos de interés privilegiados es muy alto para el Estado. Es volver a la senda del capitalismo de compadreo, y además este tipo de créditos son muy susceptibles de tener manejos deshonestos.
Condonación de deudas. Es un claro ejemplo de cómo se reconocen los problemas pero en lugar de atacar el problema se atacan los síntomas -y eso tímidamente-. Si hay tanta morosidad fiscal en Ecuador es, por un lado pues el sistema de recaudación fiscal es ineficiente, increíblemente complejo, no permanente en el tiempo y que funciona a base de cambios arbitrarios (y este es uno más). En lugar de plantear una necesaria reforma de simplificación fiscal, se pone una nueva bandita que en unos años hará necesario otra más. Es una medida insuficiente y cuestionable en su equidad.
Impulso al emprendimiento: Anuncian que se PODRÍAN crear 61.000 empleos, por año. La promesa de campaña fueron 250.000. Además que la tasa de empleos por empresa inversora parece desproporcionadamente alta. Por tanto se puede percibir como una cifra exagerada.
No hay un plan de creación de empleo real, de simplificación de las normas laborales para paliar que más del 40% de los ecuatorianos no estén en la economía formal, es un anuncio que más parece un deseo que un plan).
Ahorro total según el plan: 1000 millones. (¿Es adecuada esta cifra? Parece cifra puesta a dedo. Hay cosas que no están muy claras: Las secretarías y ministerios que se dijo que se eliminarían suman un presupuesto anual de $ 140 millones, pero Lenín dijo que el ahorro apenas sería de $60 millones ¿No sabía la cifra? ¿No es eliminación total?).
Pero este ahorro presentado es sin tener en cuenta el neto contabilizando las medidas de gasto anunciadas, por tanto será bastante inferior (de hecho si se dan los 1.300 millones anunciados en créditos y estos no se devuelven estaríamos hablando de que el neto de las medidas anunciadas es de más gasto, lo que es un absurdo inconcebible para un plan de supuesta reducción del déficit).
El déficit en Ecuador es de 11.000 millones, para 2021 debería ser de unos 3.500 (un 3,5 del PIB si la economía se mantiene más o menos). Eso supone que a un ritmo de 1.000 millones de reducción por año serían unos 7.000 en 2021, el doble de lo proyectado. Y eso tomando todos sus datos y proyecciones como buenos, lo que es no sólo generoso, sino exagerado.
Por tanto es evidente que las medidas presentadas de reducción del gasto público son insuficientes, pues ni según las mismas cifras (cuestionables por falta de justificación y pues parecen hinchadas y poco concretas) que presenta el gobierno se puede alcanzar los objetivos que el mismo gobierno se plantea.
Sin embargo es de aplaudir que se plantea la necesaria reducción del tamaño y la intervención del Estado, de los privilegios de los funcionarios estatales, y se reconozca la importancia de la inversión privada para la generación de empleo.