La Asamblea Nacional aprobó finalmente la segunda legislación de carácter económico de este gobierno. Sin embargo, el proyecto productivo no sumó el consenso necesario.
La nueva legislación está encaminada a lo que siempre ha pedido el FMI en caso de otorgar recursos, es decir, eliminar o reducir subsidios como es el caso de los combustibles. Por un lado, se ajusta el cinturón a la clase media y media-baja; aunque digan que los pobres no tienen auto, sí usan transporte y, por otro lado, en lugar de ajustar más a la clase empresarial que registra morosidad, condonan sus deudas. Es decir, que por obtener 400 millones de dólares vamos a apretar a la gente que tiene un sueldo fijo y vamos a perdonar deudas por 4.000 millones de dólares que el sector empresarial podría pagarlas en dos años.
El Gobierno hace esto para obtener liquidez. Con la eliminación de los subsidios, el Estado puede contar con esos recursos de manera inmediata. Si el Estado hubiera hecho un plan de cobros, se hubiera demorado mucho más en recaudar esos fondos. La característica de la Ley es cortoplacista para obtener recursos al eliminar subsidios y dar un respiro al sector privado para que pueda trabajar y en el mediano y largo plazo contribuir a la economía nacional.
Desde ese punto de vista, la aprobación del texto es un regreso al pasado. La necesidad de recursos hace que el Estado diga a los empresarios deudores con entidades públicas, especialmente con el SRI, “te perdono los intereses, págame el capital”. Los incentivos a la empresa privada son una medida necesaria para lograr inversión. Sin embargo, una cosa son los incentivos y otra la condonación de deudas; eso acción, sumada a la eliminación del subsidio de combustibles va a generar un proceso multiplicador de especulación.
Lo ideal hubiera sido hacer un mix de los dos modelos, pero los partidos políticos tan dispersos dentro de la Asamblea Nacional dificultaron el proceso, prueba de ello, un gran segmento de la 66 objeciones del Ejecutivo a esta Ley pasará tal y como se las envió porque no alcanzó los votos para la aprobación.
Si se detiene a ver, el Estado aún tiene muchos muertos que huelen mal y de los que debe deshacerse de inmediato: medios de comunicación incautados, empresas públicas no rentables, bienes inmuebles sin uso, entre otros.
Hasta tanto, solo nos queda esperar. Desde el punto de vista de incentivo tributario, los efectos de la Ley de Fomento Productivo se verán en el primer trimestre del 2019; es decir, un cambio en la inversión privada, en el consumo y en los ingresos.