El proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo y las recientes medidas dictadas por el gobierno de Lenín Moreno dan un giro de 180 grados en las políticas económicas del país. El documento presentado en la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente tiene como objetivo dar incentivos para aumentar la productividad, atraer inversiones, resguardar y mantener la dolarización, generar empleos y sostener la estabilidad y el equilibrio fiscal.
En primer lugar, el proyecto busca ampliar los incentivos que constan en el Código Orgánico de Incentivo a la Producción; por ejemplo, las nuevas inversiones que se instalen en ciudades como Quito o Guayaquil tendrán una exoneración del impuesto a la Renta (IR) durante 5 a 10 años; las inversiones que se registren en las zonas fronterizas, deprimidas y en la región Amazónica tendrán una exoneración de ese impuesto por 20 años. Con esta fórmula el gobierno busca dinamizar el consumo y atraer inversión extranjera.
El proyecto de ley también promete dar incentivos a los emprendimientos, medianos y pequeños, que son generadores de empleo. Por ejemplo, se creará un Fondo de Garantía para el sector de la Economía Popular y Solidaria, a fin de que puedan acceder a créditos, con lo cual se pretende beneficiar a unos 650.000 ecuatorianos.
En el momento que se reactive el aparato productivo, las empresas locales y nacionales ya establecidas podrán ver cómo se dinamiza el consumo. Los nuevos inversionistas asumen un nuevo desafío en el mercado, porque se requiere mayor esfuerzo y nuevas estrategias para crear buenos productos que impacten en los consumidores.
Es necesario que los empresarios confíen y aumenten la oferta de productos para tener un movimiento real de la economía, basado en las estimaciones de consumo; además, debería haber un mayor dinamismo en el sector industrial. Es importante analizar y evaluar los beneficios que se dan a los inversionistas y los beneficios que recibe la sociedad.
Los reguladores económicos deben ser independientes, las leyes no deberían ser modificadas por cada Presidente que llegue a Carondelet. No se debe crear una sensación de desamparo entre quienes han confiado su dinero en el país. La ley de reactivación productiva debe contar con mecanismos transparentes y netamente confiables para la resolución de conflictos, el respeto a la propiedad intelectual y a los tratados de comercio con países y regiones económicamente importantes. Por lo tanto, si no existe seguridad no habrá reactivación posible.