El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, recién posesionado por el presidente Lenín Moreno, hereda un problema que se arrastra desde el gobierno anterior: los ecuatorianos continuamos sin saber a cuánto asciende la deuda pública luego de un año de gobierno y pese al recambio de tres ministros en el cargo.
Los antecesores del actual secretario de Estado no quisieron o no pudieron sincerar completamente la cifras de la deuda, pues esta fue declarada reservada con el argumento de precautelar información delicada que pudiera causar pérdidas o condiciones desfavorables al Estado hasta que se cumpla con el pago total de los intereses y el capital.
De lo que sí estamos seguros es que la deuda pública es mayor al 40% del Producto Interno Bruto (PIB) fijado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, lo que no estaría del todo mal si el plazo superaría los 15, 20 o más años, porque lo pagos por el interés serían pequeños en proporción al Presupuesto General del Estado, un aspecto que debiera haber sido contemplado en la indicada ley.
Ni siquiera China, nuestro principal acreedor, revela el monto de la deuda, a pesar de que la mayoría de las llamadas megaobras se financiaron con estos créditos y fueron construidas por empresas chinas. Mientras, otros acreedores como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) siguen reclamando sus saldos.
Increíblemente, no existe una planificación a largo plazo sobre las cuotas que deberían asignarse al pago de deuda, algo que se intentó programar para los sectores de Salud y Educación. Sea como fuere, lo cierto es que el límite no se cumple y el país continúa en un constante tapar huecos de una deuda con otra, lo cual aumenta el riesgo país y ocasiona que el hueco final del total de deuda sea más grande.
Asimismo es imperioso pedir y exigir a la nueva autoridad que transparente y desclasifique las cifras de la deuda, con la publicación de saldo y pagos, para que el gobierno emprenda en un proceso de renegociación que apunte a solucionar un problema heredado.
Frente a este panorama, el nuevo ministro tiene la gran misión de planificar la finanzas y no solo hacer gestión de tesorería sino renegociar montos, pagos y, sobre todo, plazos con el propósito de mejorar la condiciones del Presupuesto. Para esto se podría pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos como el Banco Mundial (BM) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), incluso es posible refinanciar los plazos e interés con los mismos bancos para aliviar la carga en el Presupuesto General del Estado.
Como empresario, indudablemente el ministro debe entender el problema de los flujos de ingresos y pagos, punto clave para el éxito de su gestión. También sabe que puede apoyarse en distintos sectores para elaborar un buen programa económico, esquema que deberá contener una visión a corto plazo de pagos, y a largo plazo de sacrificios. Un plan que todavía no ha sido consolidado ni consensuado.
Asimismo, el flamante funcionario deberá seguir tomando en cuenta un enfoque de subsidios y tendrá que analizar si es conveniente para el Estado tener a su cargo empresas poco rentables y otros focos de gastos innecesarios. Una idea a ser tomada en cuenta es concesionarlas o transferirlas al IESS como pago; el asunto es que sean manejadas de mejor manera por inversionistas nacionales o extranjeros.
Finalmente es imperioso pedir y exigir a la nueva autoridad que transparente y desclasifique las cifras de la deuda, con la publicación de saldo y pagos, para que el gobierno emprenda un proceso de renegociación que apunte a solucionar un problema heredado.