O el gobierno está amedrentado ante la reacción popular que podría suscitarse al adoptar las medidas económicas que realmente permitan sacar al Ecuador de la grave crisis que atraviesa; o procura ganar tiempo hasta que la ciudadanía esté predispuesta psicológicamente a aceptar un programa de ajuste. Ambas lecturas permite hacer el plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno el pasado 2 de abril.
Por un lado, es destacable el compromiso orientado a fortalecer la participación del sector privado en el desarrollo del país con la aplicación de algunos beneficios tributarios, nuevas modalidades de contratos y el ofrecimiento de impulsar las alianzas público-privadas. En este aspecto es claro que el gobierno admite el rol relevante de este sector en el desarrollo del país.
Sin embargo, aunque los voceros del régimen se han dedicado a enfatizar que el conjunto de medidas no contempla cargas impositivas, en la práctica es evidente la decisión de volver a cobrar impuestos al comercio exterior, pues de eso se trata la imposición de techos arancelarios hasta en 375 partidas a los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Una medida que hará que los consumidores paguen más por los productos que no hay en el país. Esta señal se percibe como “queremos cambiar pero no cambiamos”.
El colocar este tipo de cargas sobre los hombros de los consumidores representa pasar al otro lado de la curva de Laffer, ya que mayor presión tributaria causa un menor rendimiento de la carga impositiva. En este tema hasta el foro de economistas autodenominados heterodoxos (poco dados a cuestionar la creación de tributos) plantea una baja de impuestos para reactivar el sector productivo. Ojalá que el gobierno atendiera la sugerencia.
En cuanto a los anunciados recortes en el sector público, las medidas ni siquiera merecen el calificativo de “paños tibios”. Conforme empiezan a precisarse las cifras queda claro que eso representaría unos $600 millones, cuantía muy baja si se compara con el tamaño del déficit fiscal por el orden de los $6.000 millones (estimado a diciembre de este año). ¿Sindéresis? Para nada.
Los recortes no pueden ser tímidos. Tiene que haber uno grande porque la circunstancia lo exige. Los números revelan que no es posible gastar casi $3.000 millones mensuales y solo tener dos mil en la cuenta corriente, ahí nomás se genera una brecha de $1.000 millones.
Tal vez la explicación de por qué el gobierno esquivó el ajuste drástico se encuentre en el flujo de caja que hay este momento por el pago del Impuesto a la Renta y el anticipo que realizan las empresas entre abril y julio; sin embargo hacia el mes de agosto otra vez será obvio que el agujero se mantiene.
El plan del gobierno deja la sensación de que únicamente pretende “salir del paso” con las medidas anunciadas; ni siquiera menciona los grandes temas como una sincera apertura comercial con el mundo mediante la adhesión a la Alianza del Pacífico, o la eliminación de cargas distorsionantes para la economía como es el Impuesto a la Salida de Capitales.
¿De dónde saldrá la diferencia? Las medidas parecieran decir “todavía nos queda un margen para endeudarle al país”, incluso se escuchan ciertos runrunes en el sentido de que el gobierno podría impulsar una reforma constitucional en la Asamblea Nacional con el fin de aumentar el límite del endeudamiento (actualmente es del 40% del PIB), porque ya no puede echar mano de aquel decreto de Rafael Correa que le permitió rebasar el techo maquillando las cifras.
Ahora que ha salido el examen final del manejo de la deuda pública durante el periodo 2012 – 2017, realizado por la Contraloría General del Estado, el cual refleja que en ese lapso fue superado el margen permitido y del que han salido una serie de responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidades penales -estas últimas en contra de Correa y los exministros de Economía Patricio Rivera y Fausto Herrera-, para el gobierno sería una tarea muy difícil aumentar el techo de la deuda.
Ante este panorama, en vista de que ya no habría de dónde obtener recursos extraordinarios (vía deuda), quizá más pronto de lo que podamos suponer, el presidente Lenín Moreno tendrá que mostrar su catadura de líder y ordenar un ajuste serio y real.
En un evento académico realizado hace poco en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), a donde me pertenezco, señalé que el gobierno debería regresar a ver qué hicieron, a su tiempo, otros países con economías paralizadas que les impedían contraer más deuda y que tenían un gran causante desestabilizador: inmenso gasto público y enorme aparato gubernamental.
En esa situación se encontraban varios países del Este europeo hace algunos años. Por traer al presente un caso, recuerdo la crisis de Lituania cuyo gobierno se vio forzado a disponer un recorte de la burocracia por el orden del 30% y una reducción de los salarios del sector público en 25%. Unas medidas de esas características tendrían que darse en el Ecuador.
Caso contrario, el plan del gobierno no hace más que empujar el problema hacia adelante y deja la sensación de que únicamente pretende “salir del paso” con las medidas anunciadas, por eso ni siquiera hace mención a los grandes temas como por ejemplo una sincera apertura comercial con el mundo mediante la adhesión a la Alianza del Pacífico, o la eliminación de cargas distorsionantes para la economía como es el Impuesto a la Salida de Capitales.
Una crisis económica de la dimensión que atraviesa el país no se resuelve con paños tibios. Y el presidente Lenín Moreno tendrá que jugarse para resolverla; es que de momento solo ha comprado un poco de tiempo.