La sucesión de atentados ocurridos en la provincia de Esmeraldas desde finales de enero, con el saldo de decenas de heridos y el reciente fallecimiento de tres jóvenes soldados que hoy lamenta el país, pudo prevenirse si el gobierno anterior hubiese privilegiado la información estratégica en lugar de enfocarse en la coyuntura política.
A su debido tiempo, varias dependencias especializadas de Fuerzas Armadas, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) presentaron a las autoridades ciertos análisis que advertían de la posible presencia de grupos violentos en el cordón fronterizo, principalmente en Esmeraldas, y en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, como efecto de los procesos de paz con las FARC.
Estas bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico se estructuraron principalmente con militantes de la guerrilla que no aceptaron el proceso ni entregaron sus armas y habrían establecido alianzas con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco. Por lo tanto, son bandas transnacionales las que estarían detrás de los hechos violentos que han enlutado al país.
Los informes ya anticipaban lo que se veía venir, pero el gobierno pasado prefirió orientar las labores de inteligencia a operaciones de seguimiento, vigilancia y persecución a adversarios políticos. A eso se
dedicó la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) -actualmente en vías de extinción- que, como órgano asesor político estratégico del presidente debió trabajar sobre escenarios prospectivos para que las instancias llamadas a velar por la seguridad integral tomaran las previsiones del caso.
La consecuencia de no haber dado la importancia debida a la cuestión estratégica ha sido una ausencia de visión de Estado que, de tenerla, hubiese evitado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador actualmente se vean compelidas a presentar una actitud reactiva ante los ataques, en lugar de llevar la delantera con acciones proactivas.
Otra secuela ha sido la falta de alertas tempranas, lo que ha permitido a las bandas realizar ataques mediante la activación de coches bomba, colocación de artefactos explosivos, emboscadas a patrullas, como ha ocurrido en las localidades de San Lorenzo, El Pan, Mataje y Borbón.
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad ecuatorianas han empezado a controlar uno de los corredores estratégicos de tráfico de drogas, precursores químicos, armas y personas, que abarcaría desde
el puerto colombiano de Tumaco hasta la zona norte del Perú. Con estos incidentes, la delincuencia organizada transnacional estaría enviado el mensaje de que están dispuestos a proteger dicha zona donde hay mucho capital en juego.
Por otra parte es necesario también mencionar la presencia del cartel de Sinaloa, el cual operaría en la zona del océano Pacífico comprendida por el Chocó (Colombia), Esmeraldas y una parte de Manabí. Actualmente, en el fronterizo departamento colombiano de Nariño existirían unas 42.000 hectáreas de sembríos de coca y otras 25.000 en Putumayo, que una vez convertidos en cocaína salen por las rutas del Pacífico hacia los mercados de Norteamérica, Europa y Asia. De ahí el interés de controlar la zona con tácticas que generan miedo y temor.
Ecuador, por tener como moneda oficial al dólar lo convierte en país
de acopio y plataforma de drogas, a más de ser vulnerable al lavado de activos.
Lo grave de todo esto es que si no tomamos los correctivos del caso tendremos, a mediano plazo, un incremento de actividades ilegales. Y no es de extrañar que en los próximos meses estas se expandan a las provincias fronterizas de Carchi y Sucumbíos donde habrían otros corredores estratégicos. Por eso es necesario mantener la presencia de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el lado
ecuatoriano; y, al mismo tiempo, exigir a Bogotá más labores por parte del Estado en todo su cordón fronterizo.
Colombia sigue siendo considerado el primer productor de cocaína a escala mundial. Solo en el municipio colombiano de Tumaco, a pocos kilómetros de San Lorenzo, habrían unas 23.000 hectáreas
de hoja de coca, según el censo del año 2017 de la Oficina contra las Drogas de la ONU.
Vale señalar que la prevención no solo debe comprender el despliegue de más uniformados, sino también ejecutar proyectos sociales y económicos que fomenten la creación de actividades legales y la confianza a la institucionalidad. Es necesario reactivar los proyectos que forman parte de de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) de ambos países.
Por último, la cooperación no significa que Ecuador deba ser sumiso frente a las propuestas del gobierno colombiano, sino tener una agenda conjunta de seguridad y desarrollo económico y social para la zona conflictiva. Deben aprovecharse las reuniones de las Comisiones Vecinales Fronterizas (Combifron) para discutir estrategias proactivas al incremento de actividades ilegales.
Además es necesaria la cooperación de Cancillería, Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero para la detección del lavado de activos en el país.
El trabajo que les espera a los dos estados no es fácil, pero no pueden permitir que las bandas delincuenciales actúen en el cordón fronterizo como si fuera ‘tierra de nadie’. La cooperación y el
fomento de la confianza mutua son cruciales para dar el combate a la delincuencia organizada transnacional. Es vital que el Ecuador defina políticas para enfrentar el pos conflicto.