Aunque muchos de los datos proporcionados por el excontralor general del Estado, Carlos Pólit, en una entrevista televisiva emitida el fin de semana pasado, ya eran conocidos por el país, si en algo contribuyó fue a refrendar que existen motivos para desconfiar de las autoridades llamadas a velar por los intereses del país e impedir y sancionar los actos de corrupción.
Transcurridos nueve meses desde que salió del país, justo cuando explotó la denuncia de que habría recibido sobornos por $10 millones de la firma Odebrecht a cambio de limpiar informes de Contraloría sobre actos viciados de esa constructora brasileña, lo cual le valió ser destituido (en ausencia) por la Asamblea Nacional y una sentencia a seis años de prisión, el excontralor prófugo destapa la ‘olla de grillos’. La jugada deja mal parado al fiscal del Estado, Carlos Baca, y compromete al contralor encargado, Pablo Celi, así como al exprocurador, Diego García (renunció hace poco), entre otros.
Evidentemente se trata de una pelea de ‘compadres’, pues todos ellos se conocen desde hace años precisamente por haber sido parte del entorno del expresidente Rafael Correa, quien los encumbró a los cargos desempeñados. De ahí surge la incertidumbre de que sus decisiones (caso del fiscal y contralor) puedan estar contaminadas por conflictos de intereses.
En lo que a Pólit concierne es manifiesto que apunta a destruir la imagen del fiscal, en una suerte de vendetta. Por ello exhibió un supuesto informe reservado de Contraloría, que revelaría que Baca cobró un sueldo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) como presidente de la comisión ad honorem que investigó los sucesos del 30-S. También habría contratado la edición de videos utilizados para sustentar la famosa teoría de la intentona de golpe de Estado promovida por el gobierno anterior para incriminar a policías y civiles inocentes.
Si bien, por sus antecedentes, la palabra de Pólit no es muy fiable que digamos, sus declaraciones no han hecho más que ahondar la desconfianza en dos instituciones que no deberían estar empañadas por sombra alguna. El Ecuador no merece pasar por el bochorno de que un exfuncionario prófugo de la justicia cuestione a funcionarios del más alto nivel y que estos no logren desvirtuar las acusaciones de manera contundente.
Además, por el mismo tema, Baca ya es sujeto de una investigación iniciada por la fiscal subrogante, Tania Moreno, quien se ha quejado públicamente de que –a raíz de las pesquisas- le han reducido el número de abogados y policías que formaban parte de su equipo de trabajo.
Fiscalía y Contraloría son instituciones supremas, por ello sus personeros deben ser impolutos, sus nombres no deben estar salpicados por denuncias de corrupción ni por dimes y diretes al estilo de “yo no fui, fuiste tú, fue él”. De modo que el circo que estamos viendo resta legitimidad a sus actuaciones.
Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán, aunque el jefe de Estado debiera tomar en cuenta que esta es la oportunidad para cumplir su promesa de aplicar una cirugía mayor a la corrupción.
Los ciudadanos todavía no salimos del asombro de haber tenido una Fiscalía que archivó muchas denuncias sobre actos ilícitos del pasado gobierno, cuyo titular, Galo Chiriboga, se vio forzado a renunciar antes de tiempo en medio de acusaciones de corrupción; igual, ejerció por 10 años un contralor ahora prófugo y sentenciado por recibir sobornos, y tenemos un vicepresidente preso por la misma causa. A pesar de eso, nuevamente estamos bajo la tutela de personajes cuyas actuaciones deben ser revisadas con lupa. Pero, ¡qué otra cosa podía esperarse de figuras que hasta hace menos de un año trabajaban del mismo lado!
Si tuvieran un poco de rubor, el fiscal y el contralor subrogante deberían dar un paso al costado, no por lo que dijo Pólit, sino porque hay escepticismo sobre la transparencia de sus actos. Pero vivimos en una época en que mucha gente cercana al gobierno pasado se aferra a los cargos como si fueran de su propiedad. Y esperar que actúe la Asamblea Nacional es “pedir peras al olmo”. Al menos el procurador fue astuto al renunciar antes del fin de su periodo, al parecer intuyó que se venía una pelea entre ‘panas’.
De ese modo, las circunstancias le conducen al país a decantarse por dos opciones: en el plano técnico, realizar sendas auditorías externas a los actos de esas instituciones durante la última década; y, en el plano político, reemplazar a sus titulares lo más pronto posible.
Por estos días, la Asamblea Nacional tiene que designar al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cuya tarea será evaluar las actuaciones de todas las autoridades de control y, eventualmente, reemplazarlas. Pero la tarea demorará varios meses. Eso coloca al presidente de la República ante el reto de ponerle un alto a esta especie de acefalía en los entes de control signados por la desconfianza en sus personeros, para ello debería buscar una forma legal y constitucional de cesarlos.
Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán, aunque el jefe de Estado debiera tomar en cuenta que esta es la oportunidad para cumplir su promesa de aplicar una cirugía mayor a la corrupción.
Asimismo, para realizar la auditoría externa planteada en este artículo, al gobernante le bastaría cumplir otra de sus promesas: solicitar la cooperación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar la corrupción de la última década. Existe la experiencia previa de Guatemala, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad hizo un trabajo técnico que desembocó en la prisión del expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta, Rosana Baldetti, y del sucesor, Álvaro Colom.
Una Comisión similar podría replicarse en el Ecuador, sin afectar su soberanía.