Las denuncias nacionales e internacionales sobre actos de corrupción que involucran a actores relacionados con el sector gubernamental y el sector empresarial privado, aumentan el nivel de indignación de quienes creemos que sí es posible vivir en un mundo mejor.
Peor aún, cuando en países como el Ecuador, de acuerdo al exrepresentante de Naciones Unidas en nuestro país, Diego Zorrilla: “aún siguen bajo la categoría de pobreza extrema alrededor de un millón de ecuatorianos”.
Este escenario lleva a preguntar si con todo el dinero que va a parar a los bolsillos de ciertos “sapos corruptos” ¿pudo aliviarse la dura realidad socioeconómica de ese millón de personas a las que se refiere Zorrilla?
¡Qué indignación! Lamentablemente los corruptos, basados en presiones consumistas o de orden social, adquieren patrones de consumo que -para alcanzarlos- deben recurrir a la obtención de dinero fácil pero lleno de suciedad, anidada en los bajos instintos de personas inescrupulosas que sin considerar el dolor de los más necesitados buscan acumular riqueza dudosa y vergonzosa cuyo origen será descubierto más temprano de lo que imaginan.
De ese modo, el gozo momentáneo se convertirá en una penosa persecución que eventualmente acabará con una sentencia de prisión, configurando la desgracia personal y familiar de funcionarios públicos y empresarios del ámbito privado, quienes bajo el eslogan “el sistema obliga” cometen actos ilícitos que, a fin de cuentas, implican quitarle el pan, la educación y la salud a millones de personas.
En la actuación de los corruptos prima el verbo “tener, tener y tener” (a como dé lugar), sin importar los medios oscuros usados para conseguir el objetivo principal vinculado a la obtención del dinero fácil que les permitirá satisfacer gustos caros: autos de lujo, casas, ropa, bebidas, viajes y muchos bienes suntuarios.
Para que la economía de Estado funcione saludablemente en sus relaciones con el sector privado y con el resto de actores de una sociedad, además de teorías económicas y la aplicación de modelos econométricos, requiere una gestión basada en la honradez.
No obstante, estas prácticas generan satisfacciones de corto plazo, ya que que a largo plazo el dinero obtenido sin la preeminencia del verbo ser (valores aprendidos desde la casa), luego del hacer (realización de un trabajo basado en el esfuerzo y la aplicación de capacidades personales desarrolladas); y, del tener (interacción de ser y hacer), se convertirá en una pesadilla permanente porque el nuevo estatus socioeconómico será cuestionado y sancionado, una vez encontrado el turbio origen del dinero mal habido .
Como se puede apreciar, cuando la corrupción se impregna en los diferentes ambientes de una sociedad, se convierte en un tipo de impuesto que es pagado por todos los habitantes de un país. Los sobreprecios, la entrega de sobornos directos y/o por la reparación de obras realizadas con materiales de mala calidad, sobre todo en la construcción de obra pública, finalmente es cancelada vía la imposición de nuevos impuestos, y la mengua de los servicios de salud, educación, seguridad, y más endeudamiento público interno y externo. Es que el empresario privado que corrompe nunca pierde; más bien los sobreprecios precios sobredimensionados le generan ganancias. Por ejemplo, una obra presupuestada en un millón de dólares termina costando cinco o seis veces más, lo cual genera una carga innecesaria a las finanzas públicas nacionales.
Lo peor de todo es que los procesos de sanción a los corruptos se convierten en largas y tortuosas experiencias que tienden a paralizar el quehacer nacional. El sector de la economía se vuelve altamente sensible por la incertidumbre y la mala imagen que genera un país cuando -en muchos casos- su funcionamiento está plagado de actos con el ingrediente de corrupción.
Así, no es casualidad que el clima de inversiones resulte afectado debido a que la decisión final de los posibles inversionistas nacionales y extranjeros -para generar producción y empleo- es determinada por la percepción de un entorno de negocios que requiere para funcionar un “lubricante” llamado coima.
Para que la economía de Estado funcione saludablemente en sus relaciones con el sector privado y con el resto de actores de una sociedad, además de teorías económicas y la aplicación de modelos econométricos, requiere una gestión basada en la honradez. En consecuencia, los administradores de los recursos públicos -parafraseando a Aristóteles- deben actuar en el marco de la “rectitud” (comportamiento ético) y la “prudencia” (en lenguaje actual, optimizando el uso de los recursos que se encuentran bajo su responsabilidad). En definitiva, el combate a la corrupción debe ser una tarea permanente de todos, ¡porque un ECUADOR MEJOR, sí es POSIBLE!