La Asamblea aprobó la denuncia de 12 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con China, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, España, Perú, Bolivia e Italia. La asambleísta ponente María Augusta Calle (AP) aseguró que la medida era legal, lícita y soberana.
La denuncia debe ser aún aprobada por el presidente de la República. Sin embargo, según María Augusta Calle, la ponente del proyecto, debido a que todos tienen una “cláusula de sobrevivencia”, aún quedarán vigentes entre 5 y 12 años, según cada caso.
El asambleísta Luis Fernando Torres calificó como inoportuna la decisión de los asambleístas, que votaron uno por uno los tratados, obteniendo en cada caso entre 81 y 85 votos a favor, según reseña diario El Universo.
Calle aseguró que los tratados de inversión han generado pagos millonarios al Ecuador y no han generado inversión. Según la asambleísta, Ecuador ha sido demandado en 26 arbitrajes y, de acuerdo con la Procuraduría General del Estado, los laudos contra el Estado suman $1.828 millones de dólares, mientras que la cuantía demandada (arbitrajes activos y terminados) es de $12 mil millones de dólares.
Calle descartó que los Tratados hayan traído inversión, más bien dijo, significan un alto riesgo para el país y dio datos. Manifestó que entre 2000 y 2013, la inversión extrajera directa correspondía al 1,11% del PIB.
Entre el 2003 y 2013, según Calle, el país desembolsó $155 millones por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje. El 50% de empresas demandantes operan en la explotación del petróleo, entre ellas Chevron II, Perenco, Encana y Oxy II.
La asambleísta agregó que esos desembolsos, que hasta mayo de 2015 fueron de más de $300 millones de dólares, afectan la capacidad financiera de programas públicos sociales, lo que correspondería a la construcción de 110 escuelas del milenio.
Calle descartó que los Tratados hayan traído inversión, más bien dijo, significan un alto riesgo para el país porque entre 2000 y 2013, la inversión extrajera directa correspondía al 1,11% del PIB.
Christian Cisneros, director ejecutivo de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme) de Pichincha, y Jairo Olaya, representante del Colectivo de la Economía Popular y Solidaria, se presentaron en el Pleno para apoyar la denuncia de 12 Tratados porque, argumentaron, la inversión extranjera directa, producto de estos tratados, es mínima y se debe fortalecer la inversión nacional.
Cisneros explicó que, la inversión extranjera directa, en estos últimos años, significó apenas el 1,3% del PIB, cuando paralelamente el turismo genera el 1,8% y el sector de la manufactura el 11%, por lo que el crecimiento del PIB no tiene relación directa con la inversión extranjera.
Mientras que legisladores como Diego Salgado (CREO) y Luis Fernando Torres (PSP) cuestionaron la aprobación de las denuncias, indicando que se contraponen a lo que busca el país, que es la inversión.I son una muestra de la irracionalidad del capital y globalización.