El Ministerio de Finanzas reconfirmó el traspaso de $120 millones de la Cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional manejada por esa Cartera de Estado para el pago de proveedores estatales de las provincias de Esmeraldas y Manabí, según el portal web de diario El Comercio.
La Ley de Solidaridad, que se aprobó a mediados de mayo, creó una serie de contribuciones para empresas, consumidores y trabajadores, con el objetivo de destinar esos recursos a las poblaciones afectadas por el terremoto del 16 de abril pasado.
Hoy, la cuenta creada para el manejo de estos recursos reportaba una recaudación de $307,4 millones. De ese monto, se han entregado ya $152 millones. De estos $152 millones desembolsados, un 21% ($32 millones) se entregó a municipios y prefecturas e incentivos para afectados por el movimiento telúrico en varios cantones del país y el 79% restantes ($120 millones), a Finanzas.
Con “los $120 millones que se registran como egreso de la subcuenta (creada para el manejo de los recursos de la Ley Solidaria), el 4 de julio de este año, el Ministerio de Finanzas, en un eficiente e integrado manejo de la liquidez, ha venido pagando prioritariamente a proveedores de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas, y lo ha hecho con recursos provenientes tanto de la CCU (Cuenta Corriente Única) como de la subcuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad, con la finalidad de dar impulso a la reactivación productiva, conforme el compromiso del Estado”, dijo Finanzas en un boletín.
Finanzas, además, dijo que emitió el comunicado para responder a lo que calificó como “erróneas interpretaciones en cuentas de redes sociales” sobre dicha transferencia. La Cartera indicó que “es importante enfatizar que todas las obras correspondientes a la reconstrucción se encuentran avanzando sin que ninguna se haya detenido o tenga retraso”.
“Ratificamos que la totalidad de los recursos recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana serán utilizados para la reconstrucción y fomento productivo de las zonas afectadas por el terremoto, y que se emplearán eficientemente los recursos del Estado, aspecto que podrá ser verificado por los organismos de control”, dice el comunicado. (I)