El desarrollo humano está relacionado con las oportunidades que tienen las personas para procurarse su bienestar. Las oportunidades las crean las políticas públicas a través del propósito y fines que motivan su implementación, llámense: educación, salud, seguridad, empleo. Las personas siempre buscan aprovechar al máximo esas oportunidades gracias a sus valores, su formación y su predisposición. Todo esto bajo el paraguas de la norma o normas de la sociedad, Carta Magna, leyes y resoluciones que establecen los límites entre los derechos de las personas y los derechos del resto de la sociedad y sus deberes.
El diálogo que no llega
Cuando existen eventos que rompen este esquema se activan mecanismos idóneos como el diálogo abierto para entender, comprender y consensuar alternativas de solución. Obviamente, la predisposición a buscar soluciones es una condición para el diálogo fructífero, con un buen uso de la palabra para no confrontar.
El filósofo griego Diógenes de Sinope, respecto del uso de la palabra, decía “La palabra tiene mucho de aritmética: divide cuando se utiliza como navaja para lesionar; resta cuando se usa con ligereza para censurar; suma cuando se emplea para dialogar; y, multiplica cuando se da con generosidad para servir”. Cuando existe predisposición al diálogo para encontrar soluciones se intenta sumar y multiplicar, no restar ni dividir.
El famoso evento que se inició el 22 de septiembre, al que no llamo paro[1] pues no tiene esa connotación, ha sido una clara muestra de restar y dividir. Una señal de que no queremos dialogar, que nos consideramos pueblos diferentes, que no hemos aprendido a convivir.
Bajo este contexto, no se puede llamar paro nacional a una reunión de un grupo de personas instigadas por seudo dirigentes manipulados, por terceros o por sus intereses personales. La convocatoria se fundamenta en el derecho a protestar. El Artículo 98 de la Constitución, si reconoce el derecho a la resistencia y protesta pacífica como una forma de expresión ciudadana. Pero, contrariamente, en los artículos 66, numeral 14, y artículo 321, no se permite el cierre de carreteras. Más aún, el artículo 137 de la COIP claramente determina que el cierre de vías públicas puede ser considerado un delito si se realiza de manera violenta o intimidatoria.
Un país que repite sus errores
Al parecer no aprendimos nada de los levantamientos de 2019 y 2022, ni las organizaciones indígenas, ni la administración de gobierno. Estamos maniatados. Recordemos que el 10 de marzo de 2022, pese al daño ocasionado a Quito en el levantamiento del 2019, la asamblea aprobó una amnistía, en bloque, para 268 personas, entre ellas: Pabón, Hernández, Poma, Iza y Vargas. Impunidad total. La norma posibilita la judicialización de los actores violentos para evitar la acostumbrada impunidad.
No existe una lógica coherente. La convocatoria, el desarrollo y la suspensión no tienen ni pies ni cabeza. Lo que existe es una confusión total de las partes. Explico por qué es incoherente el evento:
- El llamado paro nacional 2025 fue fallido desde su convocatoria, no plegaron las bases. Solo fue local, en Imbabura. Posteriormente, y sin saber la razón de la protesta, fueron uniéndose y desuniéndose otras organizaciones.
- No fue pacífica, como manda la Constitución, fue nuevamente violenta: suspendieron la libre circulación en calles y carreteras; forzaron a no trabajar y a unirse al paro; ingresaron a propiedad privada obligando a suspender las actividades; tiraron molones, voladores, bombas caseras; atacaron a transeúntes y vehículos privados; tiraron inmensos árboles. Por eso, los dirigentes han sido demandados por el Dr. Ramiro Rivera para que una nueva amnistía no sea posible.
- Los dirigentes están desprestigiados, tienen diferentes discursos, no generan unidad, no aparecen en el conflicto, se disfrazan para decir que si están y listo. Casi a los 30 días de iniciado el evento, se dan cuenta que tienen que consensuar con las bases y resuelven que el paro es decisión y responsabilidad de cada organización, en su localidad[2]. Poncio Pilatos se queda corto.
- Las organizaciones indígenas en Imbabura son las que más se han mantenido y las más violentas, pese a que en esta provincia y sus alrededores existen muchas actividades empresariales exitosas: Artesanías –Otavalo y Peguche; producción de cemento-Selva Alegre; confecciones de cuero-Cotacachi; confecciones textiles-Atuntaqui; arte en madera-San Antonio de Ibarra; producción agropecuaria-toda la provincia. Bordados-Comunidad Rumipamba y Zuleta, al borde sur de la provincia.
- Ninguna organización indígena se pronunció en contra de la minería ilegal, del contrabando o de las actividades del narcotráfico. Estas organizaciones estuvieron en redes sociales: Comunidades de Otavalo (24 días); de Kayambi (29 días); CONAIE, Tungurahua, Aimaru, Unicorici-Iluman (30 días), dejando saber sus demandas, que suenan a lista deseada, sin coherencia. Esos pedidos no buscan resolver el verdadero problema social, la desatención a la ruralidad.
- Luego de semanas dejan saber la posibilidad de un diálogo. El gobierno accede a liberar a los presos y cumple ¿? Pero, se levantan, abandonan el diálogo y se van. El gobierno reacciona y, aparentemente, fortalece la guerra a la minería ilegal, bombardea el lugar de las extracciones y deja saber su decisión de abrir las vías.
- ¡Oh sorpresa! se suspende el paro nacional violento. Sí, ni más ni menos, los dirigentes difunden que el paro continúa, pero que las localidades son responsables de ello ¿?
- No existe lógica alguna. Sorprende hasta a los acuciosos lectores. Después de 30 días se suspende el levantamiento y dejan con la bata alzada a propios y extraños. ¿Por qué?
- La verdadera motivación no era la eliminación del subsidio al diésel. ¿Entonces cuál? ¿El control de la minería ilegal, mantener el contrabando y las consecuentes ganancias económicas de la informalidad? ¡Puede ser! ¿La investigación profunda a los dirigentes como agentes económicos con obligaciones? ¡Puede ser! ¿No permitir la reforma constitucional? ¡Puede ser! ¿Tapar la relación directa del correismo con la minería ilegal, el contrabando de combustibles, el narcotráfico y el financiamiento? ¡Puede ser!
- Por último, tratando de distraer la atención, exigen un incremento del Salario Mínimo Vital en 38%. Realmente una locura sin pies ni cabeza. No están de acuerdo con la eliminación del subsidio y su focalización, cuyo efecto no llega al 1% de incremento de los precios, pero si con el aumento del SMV que es inflacionario para toda actividad económica. Puede ser que estén buscando informalizar todas las actividades económicas. Están más perdidos que bruja de halloween en navidad.
- Creyeron que era tillos levantar a algunos, utilizar de nuevo a los zánganos y dejar al frente a las bases. Tiran la primera piedra y esconden la mano, dice el dicho popular.
- No hay lógica racional que pueda explicar este gran desatino que, por último, tiene un costo elevado en las personas, las empresas productivas y comerciales, el turismo, en fin, en toda la sociedad y postergan el verdadero problema de la desatención en la ruralidad.
Para terminar José Saramago ya nos anticipó: “Todo el mundo habla de derechos humanos y nadie de deberes. Quizá, sería buena idea inventar un día de los deberes humanos”.
[1] El paro nacional es un mecanismo de protesta con el propósito de expresar disconformidad con las políticas públicas, implementadas y en el cual participan todos o un gran número de sectores: trabajadores, estudiantes, transportistas, empresas, organizaciones sociales, etc.
[2] Entrevista en redes sociales a Vargas luego de la reunión en Riobamba a los 30 días.