Después de un mes de paralización, Ecuador empieza a recuperar la calma. Las carreteras vuelven a abrirse, las clases se reanudan y los mercados retoman su actividad. Sin embargo, la sensación general es que el país sale del paro más cansado, dividido y endeudado que antes.
Las cifras hablan por sí solas: más de 500 detenidos, un número indeterminado de fallecidos, decenas de heridos y pérdidas superiores a los 560 millones de dólares, según estimaciones oficiales. A esto se suman los costos indirectos en productividad, turismo y abastecimiento. El paro no solo frenó la economía; debilitó la confianza de un amplio sector de la ciudadanía en la capacidad del Estado para prevenir y resolver conflictos.
El movimiento indígena logró algunos acuerdos simbólicos y compensaciones económicas, pero a un precio desproporcionado. La eliminación del subsidio al diésel, una de las principales demandas, representó para el país un ajuste fiscal complejo. Al final, los recursos que podrían haberse destinado a educación o salud deberán cubrir los daños y compensaciones derivadas del conflicto.
Más allá de las cifras, el paro del 2025 deja una reflexión política profunda: Ecuador sigue atrapado en un modelo de confrontación que se repite cada pocos años. El diálogo se debilita, los extremos se fortalecen y el país entero paga el costo de esa espiral.
El desafío ahora es reconstruir la confianza, recuperar la estabilidad y entender que ninguna causa social puede justificarse si destruye la convivencia nacional.
Relevancia para Ecuador:
La vuelta a la normalidad debe ser también el inicio de un aprendizaje colectivo. Ecuador necesita fortalecer el diálogo social, anticipar los conflictos y consolidar una institucionalidad que privilegie el entendimiento sobre la fuerza.
Fotografía de portada: Vista aérea de Quito con tráfico restablecido y normalidad urbana.
Crédito: Agencia EFE