Según un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Corea del Norte ha endurecido sus sanciones legales incluyendo la pena de muerte para actos que antes podían ser considerados delitos menores, como ver o distribuir medios extranjeros – películas, música, publicaciones de países clasificados como “hostiles”.
La acusación de acceder a ese tipo de contenido es tratada como propaganda contraria al Estado, incluso si se hace con fines culturales o personales. Las leyes nuevas no solo penalizan al consumidor final sino también a quienes introducen o difunden la información, imponiendo castigos severos incluso sin garantía de juicio justo.
El control estatal en Corea del Norte incluye vigilancia extrema, restricciones al movimiento, limitaciones casi totales al acceso libre a internet, radios extranjeras y medios impresos no sancionados. El informe, basado en testimonios de desertores y otras fuentes externas, documenta cómo los castigos públicos y ejecuciones se utilizan como forma de disuasión y amenazas visibles de control social.
Este endurecimiento legal se da en paralelo con otras políticas del régimen de Pyongyang: trabajos forzados, represión política, aislamiento económico, inseguridad alimentaria persistente y escasa transparencia jurídica de los procesos. El gobierno norcoreano también ha intensificado su retórica nacionalista y su política de persecución ideológica, aplicando estas leyes con mayor rigor desde 2020.
Relevancia para Ecuador:
Las medidas extremas de Corea del Norte constituyen una alerta sobre los riesgos de los regímenes autoritarios que buscan controlar la vida cultural y la libertad de expresión. Para Ecuador, este tipo de noticias subraya la importancia de mantener marcos legales que protejan el acceso a la información, promuevan la diversidad cultural y eviten la tentación de la censura, recordando que la apertura y el respeto a los derechos humanos son esenciales para fortalecer la democracia.