El presidente Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económica urgente: la Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local. Su objetivo es “ordenar, proteger y reactivar económicamente” los territorios reconocidos como áreas protegidas, que hoy enfrentan múltiples amenazas debido al abandono institucional y al avance de actividades ilícitas.
El propio Ejecutivo admite que ni el gobierno central ni los gobiernos locales han garantizado el financiamiento adecuado para atender su gestión y sus problemáticas. También admite que, estos lugares, de gran importancia para el país, están siendo afectados por grupos ilegales y criminales, ante lo cual se pretende reforzar su control. La presencia del crimen organizado se relaciona con actividades como la minería ilegal, la tala de árboles y la caza furtiva e indiscriminada de especies.
En ese contexto, la propuesta del Gobierno plantea reforzar el control mediante el despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el perímetro de cada área protegida. También se requiere usar tecnología de vigilancia para garantizar el control efectivo en zonas de difícil acceso. Por otro lado, se busca diversificar y fortalecer la economía local, generar empleo, reactivar el turismo, asegurar la presencia del Estado y promover el desarrollo.
El documento, que consta de cinco artículos, pretende facilitar una gestión más eficiente de las áreas protegidas. Sin embargo, el punto central y que ha generado el mayor debate es que también se abre la puerta a la inversión privada para su gestión y control, bajo la condición de ser responsable y cumplir las normas estrictas dispuestas por la autoridad ambiental. El sector privado también podría invertir en actividades como turismo, investigación científica, servicios y protección ambiental.
La Asociación de Guardaparques del Ecuador, AGE, mostró su preocupación respecto al proyecto, por medio de un comunicado en el que hace énfasis en que el Estado es el responsable de la gestión de las áreas protegidas y que para mejorar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas la solución no es la privatización. Su argumento se ampara en la Constitución, la cual establece la responsabilidad de la protección de estas áreas.
La posición de la AGE es que se puede aceptar la participación del sector privado, exclusivamente para la prestación de servicios turísticos y que solo la autoridad ambiental debe tener la competencia de la protección y manejo. Frente a los servicios turísticos, se pide que estos sean realizados con un bajo impacto para los ecosistemas y de acuerdo con la normatividad de los diferentes tipos de áreas protegidas, con la prioridad de la conservación. Por otra parte, coinciden en la necesidad y posibilidad de generar fuentes de ingresos y posibilidades para la población que reside en estos territorios.
¿Por qué esto es crucial?
Ecuador cuenta con 78 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional (SNAP) y que abarcan más de 26 millones de hectáreas —aproximadamente el 19% del territorio nacional—. De ellas, 56 pertenecen al subsistema estatal, 8 al subsistema autónomo descentralizado, 3 al subsistema comunitario y 11 al subsistema privado. El primer espacio reconocido como área protegida en Ecuador fue el Parque Nacional Galápagos, en 1959.
Estas zonas albergan ecosistemas únicos, especies emblemáticas, saberes ancestrales y recursos estratégicos para la vida presente y futura. Son territorios esenciales, no solo para la protección de la naturaleza, sino también para la identidad, la soberanía y la economía sostenible del país.
En un momento en el que los delitos ambientales amenazan con destruir lo que generaciones enteras han protegido, este debate adquiere una dimensión crítica. La pregunta central no es solo cómo reactivar el desarrollo en estas zonas, sino cómo hacerlo sin sacrificar su esencia ni entregarlas al deterioro.
Proteger nuestras áreas protegidas no es solo una obligación legal o un acto de conciencia ambiental. Es una defensa activa del alma natural del Ecuador. Y en esa defensa, todos estamos llamados a participar.