Definitivamente, lo que ahora está sucediendo con los migrantes -que, por sobre todas las cosas, son seres humanos que deben ser tratados como seres humanos- tiene relación con las escasas o nulas oportunidades socioeconómicas que los países latinoamericanos ofrecen a su población nacional. Dentro de los cuales, por supuesto, está Ecuador que, gracias a esos seres humanos que valientemente decidieron dejar el país -debido a la falta de oportunidades, principalmente, de carácter laboral-, recibe, como remesas, un significativo monto de divisas –a finales de 2024, se registrarían más de 6.300 millones de dólares– que, a la postre, es esa inyección de liquidez externa que ha ayudado a mantener, por más de 25 años, el modelo monetario de la dolarización que, como se sabe, podrá seguir operativo en el largo plazo, solo, si al Ecuador ingresan dólares frescos por diversas vías que, si el país haría bien sus tareas, estas tendrían un origen concentrado en las exportaciones y la inversión directa extranjera.
Pero, como la realidad es otra, las divisas que, con alto peso, sostienen a la dolarización son el endeudamiento externo y las remesas de los migrantes que, generalmente, estas últimas, son producto de tremendos sacrificios que hacen los ecuatorianos que migraron; entre ellos, la ruptura del núcleo familiar que se tiende a afectar cuando, de a poco, van migrando papá, mamá e incluso, ahora, los hijos.
Además del efecto negativo de esa ruptura familiar, las divisas también vienen manchadas del maltrato -discriminación multidimensional, explotación en términos de remuneración recibida y/o la sobrecarga laboral aplicada- al que son sometidos los migrantes, sobre todo, cuando tienen el carácter de indocumentados en el país que escogieron como objeto de migración; potenciándose esa vulnerabilidad cuando, en momentos como los que se está viviendo en Estados Unidos y que se puede extender a otros países, los migrantes son perseguidos y tratados de formas que pone en entredicho el respeto a sus derechos humanos que, cuando se buscan implementar políticas antimigratorias generalizadas, se puede caer, al no distinguir su situación legal real actual, en un escenario atentatorio a la integridad de las personas.
Frente a esta realidad, desde los países emisores de migrantes, es fundamental considerar, como una prioridad de la política pública, la definición de espacios dirigidos -eso sí acompañados de programas, proyectos y el presupuesto financiero respectivo-, primero, a clarificar las multicausas específicas que motivan a las personas a salir de los países hacia la búsqueda de nuevas opciones en otros lugares del exterior y, segundo, a fortalecer el proceso de creación de oportunidades, sobre todo laborales, como mecanismo que contribuya a desincentivar las olas migratorias que, como se va observando, al final, a pesar de las divisas que generan, terminan destruyendo el tejido social del país originario de los seres humanos que están moviéndose por el mundo en circunstancias, muchas veces, adversas.
Para el caso ecuatoriano, considerando el momento electoral que se vive y se prolongará hasta el 13 de abril, las propuestas, eso sí sinceras y no hipócritas, de los candidatos finalistas para la segunda vuelta -que, tomando como referencia la muerte cruzada, para Daniel Noboa y Luisa González es una cuarta vuelta- deberían incorporar un conjunto de acciones estratégicas dirigidas a cómo desarrollar capacidades y crear oportunidades para esos miles de ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran en situación de movilidad humana en diferentes países de la Tierra.
Entre las principales acciones pueden surgir las siguientes:
Para aquellas personas que tienen la intención de dejar el país, el antídoto principal es crear oportunidades multidiversas relacionadas a educación, salud, vivienda y, sobre todo, al acceso a un puesto de trabajo que les genere ingresos y, con ello, mejorar el bienestar socioeconómico personal y familiar. Para el caso de los más jóvenes, esta última acción es fundamental ya que, al crear oportunidades laborales -como punto de cierre del proceso de formación profesional que muchos de ellos la llevan a cabo-, se evitará que caigan en un escenario de desilusión cuando, al no encontrar un trabajo que les permita aplicar las capacidades adquiridas, más bien empieza a rondar en su mente y acciones el fantasma del deseo por migrar del país hacia otro lugar en donde, a pesar del sufrimiento que tendrán que afrontar, aparentemente, existirían mejores oportunidades para trabajar y, así, construir un futuro mejor.
En el caso de los que ya migraron y están retornando de forma voluntaria o porque son deportados desde el lugar objeto de migración, es importante que, a través de las oficinas de Relaciones Exteriores ecuatorianas asentadas en esos lugares del extranjero, poner en acción un plan que busque disminuir al máximo el maltrato y las condiciones infrahumanas a las que pueden ser sometidos. Una vez ya acá en Ecuador, se debe pensar en el impulso de programas y proyectos que les ayuden a tener una mejor reinserción social, laboral y productiva; jugando, para este fin, un papel de incidencia pro mejora, las facilidades de acceso a créditos de desarrollo originados desde la banca pública más, por supuesto, el acompañamiento que se pueda hacer con capacitación y formación que contribuya al fortalecimiento de capacidades, ya sea, para trabajar como empleados o para emprender en alguna actividad productiva.
Y, para los que ya están radicados de forma permanente en el exterior -incluso con residencia y/o ciudadanía del país al que migraron-, es necesario crear instancias para fomentar la asociación de esos ecuatorianos y, con ello, potenciar la acción colaborativa que puede surgir como medio para mejorar sus condiciones en el país destino del migrante.
En definitiva, como se puede ver, en el apoyo a los ecuatorianos y ecuatorianas en situación de movilidad humana, hay un espacio gigante para la acción estratégica del gobierno que se posesione en mayo de 2025 y, así, pueda incidir, de forma directa, en el mejoramiento del proceso de inclusión dirigido a personas en circunstancias de alta vulnerabilidad socioeconómica.
Todo esto sumará, pensando en la creación de oportunidades y desarrollo de capacidades para las personas en situación de movilidad humana, a fortalecer las bases de la construcción de ese Ecuador mejor que sí es posible lograrlo sí, desde el Estado, el sector privado y la sociedad civil, se impulsan acciones de corte sinérgico y de alto impacto socioeconómico.