El debate entre opciones es indispensable para que la sociedad, no solo los votantes, se informe sobre las propuestas de los candidatos para dirigir el país durante un periodo determinado. Si es apropiadamente gestionado, el debate facilita al votante indeciso a inclinar su preferencia por la propuesta que le parece mejor para la administración de gobierno. Este podríamos considerar como el objetivo general de un debate.
Dependiendo de la situación general, económica, política, social y ambiental, los temas específicos a ser incluidos en las propuestas de los candidatos, tiene que obligatoriamente constituirse en objetivos específicos que la ciudadanía requiere conocer. No es un plan de gobierno sino propuestas con fundamento para implementar una vez que el electorado, con su voto no manipulado, confirme su preferencia. Por tanto, los temas cruciales que han sido identificados son los que se deben debatir (acto de argumentar y contraargumentar un punto de vista o una perspectiva sobre un tema específico).
Es muy importante, primero, que se entienda y luego se comprenda bien el concepto del debate pues así se eliminan problemas en el desarrollo, el rol de la moderación y el logro del propósito.
Segundo, la investigación preliminar de la problemática que el país atraviesa y que no ha sido resuelta de manera efectiva, es crucial para determinar el cómo llevar adelante el evento. Encuestas de opinión pueden ayudar mucho a centrar los temas.
Tercero, la programación o el plan es tanto o más importante que los dos primeros, pues la argumentación y contraargumentación amplía la información que la sociedad necesita. Quien, como, donde, cuanto tiempo son preguntas a resolver en esta fase.
Cuarto, la moderación o los moderadores deberían ser personas con criterio, demostrado, amplio, certero y con sentido común, evitando la tergiversación del debate hacia una interpelación o escenario para el lucimiento personal. Así las intervenciones siguen el diseño establecido y podrían alcanzar el objetivo general del debate, “información clara para definir la preferencia del votante indeciso.” Los facilitadores profesionales pueden ser una buena opción en la moderación.
En teoría, llevada a la práctica con éxito relativo en algunos países, se dice que es apropiado el debate entre los finalistas del proceso electoral. El formato descrito anteriormente se aplica fácilmente en este caso. Sin embargo, cuando el voto es obligatorio, el número de candidatos es amplio y los moderadores no tienen experiencia apropiada, la teoría parecería que no es aplicable. En este contexto, en Ecuador, dado el entorno normativo electoral vigente, ¿será posible un debate efectivo entre candidatos presidenciales? La respuesta es clara. No, no es posible y está demostrado con el evento entre candidatos el pasado 19 de enero de 2025.Por qué?
Parecería necesario reformar la Ley de Elecciones actual para que podamos ser verdaderamente democráticos, pues no lo somos. Se eligen representantes a la asamblea en la primera vuelta. De no existir ganador absoluto (+ 40% de los votos válidos y +10 puntos sobre el segundo) se debe proceder a una segunda vuelta. Todos los movimientos y partidos que han obtenido unos pocos votos están en la asamblea para negociar su posición ante propuestas de leyes y reformas. Esta es la espina que tenemos clavada en el corazón de la democracia. Los presidentes que han logrado ganar en segunda vuelta han tenido que cogobernar con el congreso/asamblea, haciendo compleja la gestión pública.
Primero, el voto es obligatorio, no es opcional, no atrae a estadistas y políticos de buena fe. Sería prudente analizar la posibilidad de eliminar la obligatoriedad del voto.
Segundo, los requisitos para ser candidatos de elección popular deben ser más estrictos: 1) Al menos acreditar título de tercer nivel; 2) Haber aprobado con al menos el 80% de aprovechamiento, un diplomado/ especialización en Gestión Pública, de al menos un año de duración con presentación de trabajo de investigación; 3) No estar inmerso en ninguna causal civil o penal o de haberlo estado en los últimos diez años; 4) Haber realizado una declaración patrimonial el candidato, el cónyuge e hijos mayores de edad; y, 5) No ser socio, ni minoritario, de empresas que han incumplido con el estado o que están prestando bienes o servicios al estado.
Tercero, en la primera vuelta pueden participar todos los candidatos que posean el apoyo ciudadano, demostrado en un proceso primario público en cada partido/movimiento político. El estado no financiará la campaña en esta vuelta y no habrá debate obligatorio alguno. Las universidades e institutos tecnológicos pueden, como procesos académicos, realizar debates con los candidatos. En esta primera vuelta solo se elegirán presidente y vicepresidente. Se mantiene la posibilidad de ser presidente ganador absoluto.
Cuarto, los finalistas para la segunda vuelta, de ser el caso, podrán obtener financiamiento del estado para la campaña, si cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía. Existirá un debate serio sobre las propuestas de política pública para informar sobre el posible Plan de Gobierno. Los representantes ante la asamblea serán elegidos en esta fase, de entre los partidos/movimientos políticos que hayan obtenido más de 10% de los votos válidos de su candidato presidencial, en la primera vuelta. Independientemente de que un candidato haya sido declarado ganador absoluto en primera vuelta.
Quinto, se reducirá el número de asambleístas, de 151 más 5 asambleístas andinos a 86 y 2. Es decir, 72 provinciales y distritales; 8 nacionales; 6 de migrantes y 2 andinos. Al mismo tiempo, como los requisitos para ser elegidos son más exigentes (3er nivel + especialización) ya no se requerirán tantos asesores de asambleístas, reduciéndose a uno, solo uno, por asambleista.
Sexto, para evitar problemas presupuestales de la gestión pública por los años electorales, el proceso de elección se deberá completar en el mismo año fiscal. Primera vuelta en mayo y segunda en agosto. La posesión del nuevo presidente electo será el 2 de enero del año siguiente. Así, el Presidente Electo y su equipo tiene cuatro meses para preparar la nueva proforma presupuestaria, la cual deberá ser aprobada por la asamblea en el primer mes, es decir enero.
Séptimo, es indispensable ampliar el periodo presidencial a cinco años y no solo cuatro, con reelección inmediata por una sola vez.
Reformas complejas, pero necesarias, para vivir verdaderos procesos electorales democráticos que faciliten a la ciudadanía la convivencia pacífica evitando la corrupción política y el mal trato ciudadano. La experiencia en Venezuela ha demostrado lo nefasto que pueden llegar a ser los procesos electorales manipulados.