Para que Ecuador pueda revertir su situación, es crucial eliminar las restricciones legales que impiden a los inversionistas participar en la generación, comercialización, transmisión y distribución de energía eléctrica. Solo promoviendo un marco legal claro y estable se podrá atraer el capital que el país necesita. Lo que se requiere no es solo una reforma, sino un cambio radical en la forma en que se percibe la inversión privada.
Los contratos-ley entre particulares y el Estado peruano se han convertido en una herramienta fundamental para proteger y fomentar la inversión extranjera. Estos contratos, que tienen su origen en la necesidad de brindar estabilidad jurídica a los inversionistas y crear empleo, establecen condiciones consistentes que garantizan el respeto a los derechos de propiedad y la inversión a largo plazo en las materias y casos autorizados por la ley. Mediante reglas del juego predecibles, Perú ha logrado atraer miles de millones en inversión privada, contrastando con la situación de Ecuador, donde la incertidumbre regulatoria y la falta de unificación del criterio judicial ahuyenta a los capitales.
La importancia de los contratos-ley se hace más evidente en un momento en que Ecuador enfrenta una crisis energética, con un déficit superior a 1000 MWh. Este escenario exige soluciones urgentes para atraer inversiones que permitan el desarrollo de infraestructura y generación eléctrica. Mientras Perú ha logrado crear un entorno favorable, Ecuador se encuentra atrapado en un modelo estatista que ha demostrado su ineficiencia. La realidad es que el sector público, caracterizado por su déficit crónico y la mala gestión de recursos, no tiene la capacidad de financiar las inversiones necesarias para garantizar el suministro de energía.
El fracaso del monopolio estatista es evidente. La falta de energía eléctrica afecta no solo a la economía, sino a la vida diaria de los ciudadanos. El tiempo para actuar es ahora; el desafío energético de Ecuador no puede esperar más. Implementar también un sistema de contratos-ley similar al de Perú podría ser la clave para reactivar la confianza de los inversionistas y, en última instancia, garantizar un futuro energético sostenible.