La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) solicitó al Gobierno y la Asamblea Nacional que aprueben una reclasificación arancelaria para los vehículos microhíbridos, en el marco de la nueva Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, propuesta por el presidente Daniel Noboa. La Cinae considera que esta medida corregirá distorsiones en el mercado y ayudará a aumentar la recaudación fiscal.
Actualmente, los microhíbridos, que representan el 80% de las ventas de vehículos híbridos, gozan de incentivos arancelarios similares a los híbridos completos, a pesar de que su tecnología solo permite el funcionamiento con combustibles fósiles. Según la Cinae, esta situación genera desventajas para los híbridos avanzados y para la industria nacional, que sí cumple con estándares de reducción de emisiones. Además, la organización afirma que el Estado pierde ingresos fiscales importantes y que el consumidor podría creer, de forma errónea, que los microhíbridos ofrecen un menor impacto ambiental.
David Molina, director ejecutivo de la Cinae, señaló que “el Gobierno ya ha reconocido la necesidad de esta reclasificación y cuenta con un informe técnico aprobado, así como con el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas”. Además, Molina enfatizó que “esta propuesta no implica un aumento de impuestos o aranceles, sino una corrección técnica que permitiría que los microhíbridos o ‘mild hybrids’ sean clasificados como vehículos a combustión interna, siguiendo las directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)”. Según Molina, la reclasificación permitiría al Estado ecuatoriano obtener una recaudación adicional de hasta 100 millones de dólares.
La Cinae argumenta que el mercado automotor ecuatoriano experimentó una caída del 20% en 2024, pasando de 132.000 unidades vendidas en 2023 a un estimado de 107.000 para este año. Las proyecciones para 2025 indican una disminución adicional, con solo 95.000 unidades esperadas. Esta baja afecta especialmente a la industria nacional, cuya producción ha descendido un 40%, y que actualmente vende alrededor de 10.000 unidades al año.
La Cinae también se opone a la implementación de un nuevo impuesto a la transferencia de vehículos usados, propuesto en la misma ley, ya que considera que perjudicaría a 300.000 ecuatorianos que compran vehículos usados anualmente. “Lo único que hace falta es una decisión política para corregir esta distorsión en el mercado,” expresó Molina, quien instó al Gobierno Nacional y a la Asamblea a aprobar la propuesta de reclasificación que la Cámara presentó hace más de seis meses.