(Washington, DC) – El segundo mandato de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos supone una amenaza grave para los derechos humanos en Estados Unidos y el resto del mundo, señaló hoy Human Rights Watch. Estas inquietudes son un reflejo de los antecedentes de abusos de derechos por parte de Trump durante su primera gestión, su apoyo a la ideología y los partidarios del supremacismo blanco, las políticas extremas antidemocráticas y contra los derechos que han sido propuestas por grupos de reflexión liderados por ex colaboradores y las promesas de campaña, que incluyen redadas y deportaciones contra millones de inmigrantes y represalias contra opositores políticos.
“Donald Trump no ha ocultado su intención de violar los derechos humanos de millones de personas en Estados Unidos”, manifestó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Las instituciones independientes y las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Human Rights Watch, deberán hacer todo lo que esté a su alcance para interpelar a Trump y a su Administración a fin de que rindan cuentas por abusos”.
Durante el primer mandato de Trump como presidente, de 2017 a 2021, Human Rights Watch documentó su repertorio de violaciones de derechos humanos. Tales abusos incluyeron políticas e iniciativas para expulsar a solicitantes de asilo y separar a familias en la frontera entre EE. UU y México, promover ideas racistas contra las comunidades negras y otras personas de color, adoptar políticas que castigan a familias de bajos ingresos y las privan de atención médica y propiciar una insurrección violenta para dejar sin efecto los resultados de una elección democrática.
Las promesas expresadas por Trump durante su campaña de 2024 profundizan la preocupación con respecto a un segundo mandato, tanto en el plano interno como internacional. En 2023, señaló que no sería un dictador, “salvo el primer día” de su gestión. Trump ha elogiado reiteradamente a autócratas como Viktor Orban, Vladimir Putin y Kim Jong Un. Ha propuesto políticas que debilitarían a instituciones democráticas que protegen derechos humanos fundamentales y reducirían los controles sobre las facultades presidenciales. La amenaza de ejercer de manera abusiva la función ejecutiva es incluso más preocupante, debido a una decisión reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos que otorga a los presidentes amplia inmunidad frente a la posibilidad de enjuiciamiento penal por actos oficiales realizados en el cargo.
El Proyecto 2025, un plan de gobierno redactado por ex asesores y aliados políticos de Trump, plantea en detalle muchas otras políticas abusivas, en muchos casos discriminatorias en términos raciales, que podría adoptar la nueva administración. Aunque Trump ha negado tener nexos con el Proyecto 2025, muchas de sus declaraciones replican premisas de este plan.
Si bien durante el proceso de la campaña presidencial ambos candidatos emplearon retóricas hostiles hacia los inmigrantes, Trump hizo de la culpabilización arbitraria de las personas inmigrantes un eje central de su campaña. Ha instado a que se adopten políticas extremas que incluyen la detención masiva de migrantes y deportaciones masivas de millones de personas, lo cual desintegraría a familias que están profundamente arraigadas en EE. UU. Un programa con estas características supondría inevitablemente actuar contra ciertas personas en función de su raza, redundaría en abusos por parte de las fuerzas de aplicación de la ley durante redadas masivas e instigaría más acciones xenófobas entre el público en general. Durante la campaña, Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, difundieron falsedades racistas sobre las personas migrantes haitianas en particular y fomentaron la desinformación de que la inmigración genera mayor criminalidad en Estados Unidos.
El derecho al aborto estará cada vez más amenazado durante el segundo mandato de Trump. Su insistencia en que los estados deberían tener la facultad de bloquear el acceso a la atención básica de la salud habilita políticas que violan derechos, ponen en peligro la salud, propician muertes evitables y criminalizan las decisiones privadas sobre atención de la salud.
Trump ha prometido tomar represalias contra enemigos políticos. En discursos y entrevistas de campaña, empleó una retórica cada vez más peligrosa, refiriéndose a sus críticos como “el enemigo interno”. Trump amenazó con ordenar que el Departamento de Justicia de EE. UU. inicie acciones penales contra el presidente Joe Biden y otras personas que, según él, se oponen a su agenda, incluidos funcionarios electorales y votantes. Trump también sugirió que invocaría la Ley de Insurrección para movilizar al ejército de EE. UU. y la guardia nacional contra personas en Estados Unidos que podrían ejercer su derecho de protesta.
En materia de política exterior, durante su primer mandato Trump demostró poco respeto por los tratados, las instituciones multilaterales o los esfuerzos orientados a proteger los derechos humanos de personas que viven en gobiernos represivos. Su administración trabajó sistemáticamente contra los derechos de las mujeres y el progreso ambiental en las Naciones Unidas e intentó redefinir y limitar la definición de los derechos que deben protegerse a través del Departamento de Estado de EE. UU.
Trump ha dado a entender que se opondrá a financiar la ayuda humanitaria y la protección de civiles en conflictos y crisis de magnitud. Las posibles alianzas que se forjen con gobiernos que avasallan derechos durante una nueva administración de Trump podrían infundir confianza a estos gobiernos para seguir dañando a personas que están dentro de su órbita y perpetuar ciclos de abuso y falta de rendición de cuentas en todo el mundo.
“Las instituciones y los funcionarios que respetan los derechos no deben retroceder durante la administración Trump”, expresó Hassan. “Los líderes mundiales, trabajadores federales y estatales, activistas y ciudadanos de a pie tienen un papel por desempeñar en la protección de los derechos humanos para evitar que Trump cometa los abusos que prometió perpetrar”.