La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) decidió que la compañía Cable Andino y su accionista mayoritario Telconet sigan entregando internet a los usuarios, a pesar de que ya no tienen título habilitante para esas operaciones.
Advirtió que paralizar ese servicio público es un delito sancionado con hasta tres años de cárcel. Tomislav Topic, gerente de Telconet, no da muchos detalles de la estrategia judicial, pero revela que no será uno, sino varios procesos:
“El asunto está tan viciado de fondo y de forma en esta resolución de la Arcotel que tenemos una plétora de acciones y las vamos a ejercer todas en defensa del derecho de los ecuatorianos de tener buen internet”, aseveró.
Casa adentro, el Estado evalúa cuáles serán los próximos pasos. Arcotel, siguiendo el proceso administrativo, señaló que la empresa Cable Andino ahora es delegada del Estado hasta que realicen una reversión de bienes, es decir el paquete de acciones del cable submarino.
Cuando eso se concrete, tendrá que definir si el Estado se hace cargo de la operación de manera directa, o sigue un proceso para encargarlo a otra empresa privada.
Para Andrés Moreta, especialista en derecho administrativo de la Universidad San Francisco de Quito, todo esto resultará costoso:
“El Estado tiene que rescatar esos bienes para seguir brindando el servicio. El artículo 22 del reglamento de la ley de telecomunicaciones dice que deben valorarse, cuánto valen estas acciones o estos bienes para que el Estado pueda pagar por ellos, no es que nos va a salir gratis. Podría haber demandas”, dijo en Contacto Directo.
Moreta analizó el caso y calificó la decisión de arcotel como arbitraria pues evidencia la inseguridad jurídica.
“Incumplir las obligaciones del título habilitante generan una sanción o una multa económica, pero no generan la extensión del título, per se, porque como digo no hay causal con la cual le hayan logrado encasillar para que se le puede extinguir el título a en este caso”, indicó.
El cable submarino en disputa se llama “Sistema de Cable del Pacífico y el Caribe” construido con inversión de cinco compañías, entre ellas, Telconet. Por lo tanto, aunque el servicio es público, la infraestructura del cable y las obras civiles en Manta son privadas.
Texto original de Ecuavisa