Venezuela atraviesa una de las peores crisis políticas de los últimos años. Luego del fraude electoral cometido por Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, a quien los poderes del Estado —bajo su dominio— proclamaron como presidente reelecto del país sin que se hayan presentado las actas de los comicios, hubo protestas en las calles y aumentó la represión contra todo aquel que manifestara su descontento.
En el país hay actualmente 1.905 presos políticos, de los cuales —según el más reciente informe de la ONG Foro Penal, experta en la materia— 1.767 están tras las rejas desde el 29 de julio, día posterior a las elecciones. De ellos, 67 son adolescentes.
La oposición venezolana y la comunidad internacional siguen exigiendo transparencia y que cese la violencia del régimen chavista pero nada de ello ocurre. Es por eso que la cuestión de la migración vuelve a estar en el centro de la escena.
Sabiendo que Maduro seguirá en el poder, miles de venezolanos que aún viven en el país —hay que recordar que, según la ONU, más de 7 millones ya lo abandonaron en los últimos años— empezaron a pensar en irse pronto. Asfixiados por la crisis económica y sin poder alzar la voz creen que la opción de abandonar la patria es válida.
Una encuesta nacional realizada por la firma Poder & Estrategia, que será publicada la semana que viene, arrojó que el 26% de los venezolanos tiene intenciones de irse del país, esto es uno de cada cuatro o un cuarto de la población. De ellos, el 6% tiene planes específicos para irse; mientras que el 20% desea emigrar pero no tiene un plan concreto. En tanto, el 14% mencionó que no tiene más opción que quedarse en Venezuela; el 21% indicó que no tiene ganas de irse y el 38% expresó que definitivamente se quedará en el país.
En diálogo con Infobae, Ricardo Ríos, presidente de la consultora, adelantó los principales hallazgos del estudio. “Hay varias cosas que son interesantes. Nosotros hacemos esta encuesta bimestralmente sobre temas varios, incluyendo la migración. Ha aumentado un poco, no se disparó, pero creció con respecto a la última medición. Pero, al margen del número, hay algunos aspectos que son muy resaltantes”, comenzó.
“Ya el hecho de que un cuarto de la población se haya ido y otro cuarto se quiera ir es algo extremadamente preocupante. Pero además se agrava cuando te das cuenta que, al hacer la segmentación por edad, ese 25% llega al 50%. Es decir, de todos los venezolanos que están en Venezuela, que tienen entre 18 y 30 años, la mitad de ese grupo, se quiere ir. Tiene intenciones de irse. Entonces, esto va agravando el problema porque nos deja un país de viejos, con todas las implicancias que eso tiene en población económicamente activa y temas sociales”, subrayó.
Otro hallazgo importante del estudio es que, entre quienes manifestaron la intención de irse de Venezuela, el 45% apuntó afuera de América Latina: un 27% optó por Estados Unidos y un 18% por España. Luego, ya en la región, se ubicaron Colombia con un 13%, Brasil con un 11%, Chile, Argentina y otros no especificados con un 6%, Perú con un 3%, y Uruguay y Ecuador con un 1% cada uno.
Al respecto, Ríos explicó a Infobae: “La primera ola migratoria, probablemente 2016-2017, tenía como primer destino los países vecinos: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, luego quizás Chile y después Argentina, ¿no?. Pero en esta ocasión, ya con el pasar del tiempo y la mutación de la crisis y ciertos cambios que ha habido a nivel interno en nuestro país, vemos que la primera opción es Estados Unidos, seguido incluso de España”.
Sin embargo, aclaró: “Ojo, porque cuando hacés la segmentación por estrato social, te das cuenta que los estratos más pobres, sí siguen teniendo como primera opción Brasil y Colombia. Pareciera ser entonces que el análisis es: ‘Hasta donde me lleguen los pies, que es el único recurso que tengo’”, concluyó.
La encuesta entrevistó a 1.040 personas entre el 13 y el 18 de septiembre en Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto La Cruz-Barcelona, San Cristóbal, Barinas y Ciudad Guayana.
El “enorme costo social” del fraude de Maduro
En relación a esto, el opositor venezolano Andrés Velásquez afirmó esta semana que el “robo de las elecciones” presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude, tendrá un “enorme costo social”.
“El robo de las elecciones no solo golpea la Constitución y niega el voto soberano, también tendrá un enorme costo social ya que el deterioro económico y de servicios públicos aumentará”, señaló el ex gobernador del estado Bolívar.
Velásquez sostuvo que Maduro es “antidemocrático y peor gobernante”, por lo que —dijo— “el pueblo votó para salir de este sufrimiento”.
Maduro enfatizó que se juramentará para el periodo 2025-2031 el próximo 10 de enero, como establece la Constitución, pese a la denuncia de fraude de la oposición, agrupada en la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y las exigencias de la comunidad internacional de que se publiquen los resultados desagregados de los comicios.
“El 10 de enero se va a juramentar el presidente pueblo Nicolás Maduro Moros con el pueblo en la calle, por millones, como manda la Constitución”, señaló tras una manifestación que celebró su controvertida reelección en el estado La Guaira.
Al mismo tiempo, desestimó que el candidato opositor Edmundo González Urrutia se juramente como presidente, como asegura el antichavismo, aunque la oposición insiste en que ganó los comicios por un amplio margen.
El CNE proclamó a Maduro como el ganador de las presidenciales, pese a que, hasta la fecha, no ha publicado los resultados desagregados, como contempla el cronograma oficial.
El chavismo se apoya también en un fallo del Tribunal Supremo que convalidó el anuncio del CNE, mientras que la oposición sustenta su reclamo en el 83,5% de las actas recabadas por testigos y miembros de mesa, que reflejan —insiste— el triunfo de González Urrutia, exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre.
Texto original de Infobae