La oposición venezolana denunció la detención de dos activistas, que se suman a los más de 150 disidentes privados de su libertad injustamente en el país. Las últimas víctimas del régimen de Nicolás Maduro fueron identificadas como Renny Rodríguez, coordinador de formación de Vente Venezuela, y David Manuel González, militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL).
Vente Venezuela informó en sus redes sociales que “cuerpos represores del régimen en el estado de Anzoátegui secuestraron a Renny Rodríguez” y exigió “el cese de la persecución” contra la disidencia, así como su “libertad inmediata”. María Corina Machado acompañó este reclamo.
Por su parte, el PSL difundió un comunicado de prensa en el que precisó que González lleva privado de su libertad desde el 29 de septiembre, cuando agentes de la Policía Nacional Bolivariana del estado de La Guaira lo detuvieron “luego de una discusión con un funcionario policial” que, de todas formas, “no ha incurrido en daños o lesiones”.
“Solo ha exigido respeto ante alguna injusticia o la violación de sus derechos” y, en consecuencia, ahora “está siendo acusado injustamente por instigación al odio”, lamentaron.
“David tiene 23 años, es estudiante recién ingresado a la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, y un luchador por la causa de la clase trabajadora”, suma la nota del partido socialista.
Previamente, este miércoles, la oposición había denunciado el arresto del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, junto con otros tres funcionarios locales, entre ellos el director general de Seguridad Ciudadana de la ciudad, David Barroso. Según fuentes de la alcaldía, ambos fueron detenidos en Villa Carmen, una casa considerada patrimonio histórico cultural de Maracaibo que está bajo la administración del Ejecutivo local.
El Ministerio Público los acusa de “graves hechos irregulares” relacionados con corrupción, con base en “suficientes elementos de convicción y fehacientes pruebas” recabadas en “pesquisas adelantadas en coordinación con la Policía Nacional contra la Corrupción”. Inclusive, dijeron estar “procesando varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la Alcaldía de Maracaibo por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la Ley contra la Corrupción”.
También, esta semana quedó privado de su libertad el coordinador de VV en el municipio de Anaco, Julio Itriago, nuevamente sin razón alguna. “Exigimos el cese de la persecución y su libertad inmediata. Hacer política no es delito. Libertad para todos los presos políticos”, apuntó entonces el partido en sus redes sociales.
Los últimos cálculos de la agrupación de Machado, fechados a este miércoles, expusieron que en Venezuela hay al menos 154 políticos antichavistas detenidos por disentir con el régimen, especialmente en el marco de las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, el recuento de la ONG Foro Penal, que monitorea todas los arrestos arbitrarios, sumó a los civiles caídos en desgracia y elevó la cifra a 1.905, con al menos 67 adolescentes de entre 14 y 17 años.
De ellas, 1.767 se dieron luego de los comicios y 38 sólo en la última semana.
Alfredo Romero, presidente de la Organización, explicó que “la imposición de delitos en la imputación de los mismos ha sido un menú, llamémoslo así, que se divide en cinco y que se imponen alternativamente: instigación al odio, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública” aunque, en algunos casos, “también se impone el delito de resistencia a la autoridad”. Asimismo, todas siguen un “patrón regular” en el que “no se permite la defensa privada” ni “existe comunicación con familiares”, entre otros. (EFE)