Ecuador debe cobrar millones de dólares a los sentenciados por delitos contra la administración pública. Entre los deudores figuran el ex presidente Rafael Correa, su vice Jorge Glas y otros altos funcionarios de su administración (2007-2017), incluido el recién sentenciado en Estados Unidos, Carlos Pólit, que fue contralor.
El medio ecuatoriano Primicias reveló información que indica que la Procuraduría General del Estado apenas ha logrado recuperar USD 10 millones de un total de USD 154 millones. De estos Correa -asilado en Bélgica y sentenciado por cohecho- debe al Estado USD 778.224. Glas, preso, con dos sentencias en firmes y dos investigaciones abiertas por malversación de fondos e intimidación, también fue condenado a pagar USD 778.224 y otros USD 7 millones en el caso Odebrecht.
Por su parte, Pólit debe al Ecuador USD 40,4 millones. Durante su juicio en Estados Unidos, en abril de este año, Pólit pagó USD 14 millones como fianza. Ese dinero, tras ser condenado en la Corte del distrito Sur de Florida, será devuelto al ex contralor. Pólit fue sentenciado a 10 años de prisión por ser culpable de cinco cargos vinculados al lavado de activos. La condena fue emitida por la jueza Kathleen Williams.
Pólit adquirió notoriedad durante la presidencia de Rafael Correa, aunque inició su carrera política durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, donde ocupó diversos cargos. No obstante, su relevancia se incrementó al ser designado Contralor General del Estado en 2007, al inicio del primer mandato de Correa. Durante más de una década, ejerció este cargo durante todo el período presidencial de Correa y parte del mandato de Lenín Moreno. La Fiscalía estadounidense estima que Pólit lavó en los Estados Unidos USD 16.5 millones, pero la defensa del ex funcionario asegura que solo se pudo probar que fueron USD 10 millones.
Las gestiones de las autoridades han permitido incautar ciertas propiedades y otros bienes como parte de esas reparaciones: “En poder del Estado está un departamento ubicado cerca a la Playa de Tonsupa, en Esmeraldas. Mientras que a Correa se le incautó parte de un departamento que era la herencia de su padre para él y sus hermanos”, señaló el medio ecuatoriano.
El pasado 9 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Correa y Glas como inelegibles para ingresar a territorio estadounidense debido a su participación en actos de corrupción durante su gestión pública. El comunicado oficial indica que ambos aceptaron sobornos, incluso a través de contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables.
En un comunicado, el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Art Brown, indicó que tampoco podrán ingresar al territorio estadounidense los familiares directos de Correa y Glas: “El Departamento también designa a la esposa de Correa, Anne Malherbe Gosselin, y a sus hijos mayores de edad, Sofía Correa, Anne Dominique Correa, y Rafael Miguel Correa, como inelegibles para entrar a los Estados Unidos. Además, el Departamento también designa a la esposa de Glas, Cinthia Díaz Aveiga y a su hijo mayor de edad Jorge Glas Díaz como inelegibles para entrar a los Estados Unidos”.
Rafael Correa fue sentenciado en 2020 en el caso Sobornos 2012-2016. La condena indicó que Correa fue autor mediato de cohecho agravado. La investigación reveló que hubo aportes irregulares por parte de contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del partido oficialista, recibidos por altos funcionarios del gobierno presidido por Correa. En esa investigación fue sentenciado también Glas y otras figuras de la Revolución Ciudadana, como María de los Ángeles Duarte, que escapó de la justicia tras abandonar la Embajada argentina en Quito.
Por el caso Sobornos, Correa debe cumplir una pena de ocho años de cárcel. Antes de ser condenado, el ex presidente salió del país y se radicó en Bélgica. Como el delito de cohecho no prescribe, Correa no puede volver a Ecuador, pues de ingresar al territorio nacional sería arrestado. Sobre Glas también pesa la condena de ocho años de prisión.
Texto original de Infobae