Familiares de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, quien fue asesinada este jueves 12 de septiembre en Guayaquil, denuncian que el Estado no le brindó custodia policial a la funcionaria, pese al peligro que representaba su cargo.
El hermano de María Daniela Icaza Resabala señaló en redes sociales que el hombre que iba conduciendo el auto baleado este jueves era un ciudadano que le hacía expreso a la mujer.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) había informado que un servidor de esa institución había resultado herido durante el ataque. De su lado, La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que Icaza se trasladaba en ese vehículo “junto a su custodia”.
“Mi hermana no venía con ‘custodia’ porque no tenía”, expuso el hermano de la fallecida.
El denunciante también criticó que hasta las 00:05 de este viernes 13 de septiembre ninguna autoridad se comunicaba con la familia para informar sobre las investigaciones, que tanto FGE como la Policía Nacional anunciaron que habían comenzando.
Por otra parte, el Ministerio del Interior y el SNAI emitieron comunicados lamentando la muerte de la funcionaria. Hasta las 07:00 de este viernes no había más detalles del caso. Tampoco se conocía si existía algún sospechoso detenido.
Icaza fue servidora pública en el sistema carcelario desde 2017. Entonces era parte del desaparecido Ministerio de Justicia. Había ocupado distintos puestos.
Se trata del segundo asesinato de la máxima autoridad de una prisión en nueve días, después de que el pasado 3 de septiembre fuera asesinado en circunstancias similares Álex Guevara, director de la cárcel de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos.
La Penitenciaría del Litoral, denominada oficialmente como Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas Número 1, es la más grande de las cinco cárceles que componen el complejo penitenciario de Guayaquil, en el que están recluidos aproximadamente 12 000 presos.
Más de 6 000 se encuentran en la denominada ‘Peni’, que entre 2021 y 2023 fue el escenario las peores masacres acontecidas por enfrentamientos entre bandas criminales que se disputaban el control interno, al menos hasta la militarización de estos centros ordenada a inicios de año por el presidente de la República, Daniel Noboa.
El ingreso de los militares a los recintos penitenciarios se dio en el marco del estado de excepción y el conflicto armado interno declarado por el gobernante contra el crimen organizado, al que se le atribuye un auge de la violencia criminal que ha llevado a Ecuador a ser el país de Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios, al registrar 47,2 por cada 100 000 habitantes en 2023.
La oleada de asesinatos se ha cobrado también previamente la vida de otros directores de cárceles y funcionarios penitenciarios.
Texto original de Ecuavisa