Redacción América (EFE).- Varios Gobiernos de América, como Colombia y Brasil, y de Europa, así como diversas organizaciones internacionales, rechazaron la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia y pidieron a las autoridades garantizar y proteger los derechos del abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela.
Brasil y Colombia expresaron su “profunda preocupación” por la orden de detención en contra de González Urrutia y señalaron que esa “medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que gobierno y oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia”.
En el comunicado conjunto, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes han intentado mediar en la crisis poselectoral venezolana, consideraron que esa decisión “dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas venezolanas”.
EE.UU.: orden contra González Urrutia es “una acción arbitraria y motivada políticamente”
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, aseguró que la orden emitida es “una acción arbitraria y motivada políticamente que demuestra lo extraordinariamente lejos que (el presidente) Nicolás Maduro está dispuesto a ir para intentar mantener el poder después de su intento de robar las elecciones presidenciales del 28 de julio”.
En un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay señalaron que esa medida es “otro intento de silenciar” a González Urrutia y agregaron que “desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política”.
“Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”, señalaron.
El Ejecutivo peruano afirmó que “este amedrentamiento evidencia, una vez más, el desconocimiento de la voluntad popular y el recrudecimiento de la represión gubernamental”.
El Gobierno de Chile rechazó la orden de detención tras condenar “cualquier forma de represión en contra de los opositores al régimen dictatorial en Venezuela” e hizo “un llamado a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas”.
Con la detención de González Urrutia se pretende “cercenar la lucha por la democracia”
Argentina, por su parte, denunció que “en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de estado”.
Mientras tanto, el Gobierno de Ecuador consideró que “los supuestos delitos que se le imputan al señor González Urrutia muestran claramente la persecución política, el irrespeto a la separación de poderes y de las garantías del debido proceso”.
El Gobierno de Paraguay expresó su “más firme condena” a “estas acciones arbitrarias de amedrentamiento” contra González Urrutia y “los miembros de la oposición venezolana” y exigió “garantías sobre su integridad física y el cese de las persecuciones políticas”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, “sigue muy de cerca” la situación en Venezuela, “incluida la orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
Una medida “ilegal, inconstitucional e inmoral”
El equipo de campaña de González Urrutia tildó la medida de “ilegal, inconstitucional e inmoral”, y aseguró que se trata, “en realidad, de un intento de apresar a más de ocho millones de venezolanos que votaron por él, sin contar a los más de cuatro millones de venezolanos en el exterior a quienes se les impidió ejercer su derecho al sufragio” en los comicios del 28 de julio.
La Justicia venezolana acusa a González Urrutia de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa para demostrar lo que consideran “fraude” electoral, pues afirman que González Urrutia ganó los comicios por amplio margen sobre el actual presidente del país, Nicolás Maduro.