Desde Washington, Estados Unidos La Casa Blanca estudia suspender la licencia de Chevron que le autoriza extraer petróleo en Venezuela para forzar una mesa de diálogo entre el dictador Nicolás Maduro y la oposición política que permita a Edmundo González Urrutia terminar con su exilio forzado en España y regresar a Caracas para asumir la presidencia el 10 de enero 2025.
La administración Biden dispuso sanciones legales, financieras y diplomáticas contra toda la nomenclatura del regimen populista, pero esa estrategia para evitar el fraude electoral y la violación constante a los derechos humanos sirvió muy poco.
Las tropas estatales y paraestatales de Maduro torturaron y mataron a decenas de opositores en Venezuela, y el candidato a presidencial González Urrutia debió huir a Madrid por temor a una detención ilegal ordenada por la justicia que responde a la dictadura.
En este contexto, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía de Estados Unidos iniciaron un profundo estudio técnico-político para determinar si la suspensión de la licencia de extracción de petróleo otorgada a Chevron puede servir de palanca para abrir un proceso de negociación que desemboque en la jura de González Urrutia como presidente de Venezuela.
Chevron, Maduro y la oposición venezolana -González Urrutia y María Corina Machado- ya saben que la administración Biden está evaluando suspender la licencia de extracción de petróleo que inició en 2022 y -hasta ahora- se renueva sin obstáculos cada seis meses.
-¿Se está considerando ir más allá de las sanciones individuales y tomar más medidas que afectarían al sector petrolero de Venezuela? Por ejemplo, ¿se está considerando agregar restricciones a la licencia de Chevon o de otras compañías extranjeras que ya operan allí?-, se preguntó ayer en la Casa Blanca.
-Estamos monitoreando constantemente y muy de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela, y estamos comprometidos a calibrar nuestra política de sanciones de manera apropiada en respuesta tanto a los eventos en el terreno como a los intereses nacionales estadounidenses más amplios-, contestó un vocero clave de la administración Biden.
Esta respuesta alambicada encierra una lógica de poder que busca compensar la agenda electoral de Khamala Harris, la estrategia económica-financiera de Chevron y las necesidades políticas de la oposición venezolana.
Biden no tomará ninguna medida que pueda complicar la campaña de Harris. La suspensión de la licencia de Chevron eventualmente podría hacer subir los precios de los combustibles por la eventual caída de la oferta. Y en DC todavía se recuerda que Jimmy Carter perdió la reelección frente a Ronald Reagan por el aumento de la nafta y la crisis de los rehenes.
Los directivos de Chevron ya visitaron el Ala Oeste de la Casa y argumentaron que la suspensión de la licencia puede causar desabastecimiento, incremento de los precios por galón y una nueva ola de inmigración ilegal como consecuencia de la caída de ingresos en la compleja economía venezolana.
Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, completó los argumentos de la empresa estadounidense durante una conferencia telefónica que protagonizó a comienzos de agosto. “Estamos allí (Venezuela) para ayudar a desarrollar la economía, apoyar a la gente, crear empleos y no involucrarnos en la política, que puede oscilar en cualquier país de un partido a otro”
.Y remató: “No tenemos un papel en la selección de gobiernos. Somos un actor comercial, no un actor político”.
El Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado tienen suficiente evidencia para responder a los argumentos del staff de Chevron que desembarcó en la Casa Blanca para sugerir que una eventual suspensión de la licencia puede causar un caos en la oferta energética.
La empresa petrolera produce cerca de 200.000 barriles por día, una cifra que no impacta en el mercado global si finalmente Chevron ya no puede extraer en Venezuela. Y respecto a los precios del barril, es poco probable que se disparen los precios en Estados Unidos ante la caída de la demanda.
En cambio, la suspensión de la licencia puede causar conmoción económica y política en la dictadura venezolana. Los 200.000 barriles por día implican el 20 por ciento de las exportaciones nacionales de crudo, y cerca de un 30 por ciento de los ingresos petroleros del régimen populista.
“El régimen de Maduro se aferra al poder utilizando los ingresos petroleros que dependen de la intervención de Estados Unidos”, señaló el senador demócrata Dick Durbin, líder de la mayoría en la Cámara alta.
“El mensaje debe enviarse alto y claro: Estados Unidos no hará más negocios con la dictadura de Maduro”, sostuvo la representante republicana María Elvira Salazar, al presentar un proyecto de ley para evitar que empresas de Estados Unidos hagan negocios con la dictadura de Maduro.
Pese a la campaña presidencial que enfrenta a Harris con Trump, senadores y diputados de ambos partidos coinciden en la necesidad de aplicar sanciones económicas al regimen populista. Se trata de asfixiar a la dictadura para que acepte una mesa de negociación con González Urrutia y María Corina Machado.
La Casa Blanca comparte la estrategia parlamentaria. Pero tomará su tiempo para decidir.
Maduro asume el 10 enero.
Texto original de Infobae