El caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus hermanos con respecto a un presunto comercio ilegal de combustible a través de empresas del sector hidrocarburífero y gasolineras alcanzó otro nivel esta semana: el Gobierno Nacional ordenó suspender la entrega de diésel y gasolinas en todas las distribuidoras y comercializadoras adscritas al Grupo ALVA3 S.A.
Según consta en la Superintendencia de Compañías, los accionistas de ALVA3 S.A. son: Aquiles David, Antonio José y Xavier Mario Álvarez Henriques. El primero es el alcalde, el segundo es el presidente de Barcelona Sporting Club (BSC) y el tercero también forma parte de la directiva del equipo torero.
ALVA3 S.A. es una entidad que administra un grupo de empresas filiales, así consta en el portal de la Superintendencia de Compañías. Una de esas filiales es Copedesa Gasgrupco S.A., también propiedad de los Álvarez.
Esta última compañía se dedica a la venta al por mayor de combustibles líquidos, lubricantes, gasolinas, aceites, gas licuado de petróleo, butano y propano. En síntesis, aglutina las gasolineras de los Álvarez.
El abogado de Copedesa Gasgrupco S.A., Joffre Campaña, indicó a Ecuavisa que los Álvarez son dueños de una veintena de estaciones de servicio. Precisó que hasta este viernes 20 de septiembre la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) había suspendido las operaciones en tres gasolineras, pero que se esperaba que a lo largo de este fin de semana las restantes dejen de trabajar, pues ya no tendrían combustible para vender.
Además de ALVA3 S.A. y Copedesa Gasgrupco S.A., los Álvarez han fundado más empresas dedicadas a la comercialización de combustibles en los sectores automotriz, industrial y naviero, por ejemplo, Corpalubri S.A., Gasquil S.A., Indudiesel S.A., entre otras.
El presunto esquema ilegal
Luego de que se conoció la acción de la ARCH, otro funcionario del Ejecutivo apareció en escena para explicar cómo habría operado el presunto esquema ilegal de los Álvarez. Se trató de José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública y director encargado de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
En un video difundido en redes sociales, señaló que se usaron las compañías de los Álvarez “para la compra de diésel con subsidio que debía ser comercializado en un segmento específico: automotriz, industrial o naviero, pero que en la práctica era desviado de un segmento a otro, en beneficio de los accionistas o exaccionistas”.
Neira detalló que estas operaciones han provocado un perjuicio al Estado de más de 94 millones de dólares en los últimos tres años.
¿Retaliación política?
Campaña confirmó que la decisión de no entregar combustibles a las gasolineras de Copedesa Gasgrupco S.A. está ligada al caso Triple A, que lidera la Fiscalía General del Estado (FGE). Criticó la acción sancionatoria, pues el proceso aún está en investigación y subrayó que esta resolución obedece a “un tema político”.
De su lado, el alcalde de Guayaquil respondió a la diligencia con un texto bíblico. Y agregó:
Ya esto es una lucha entre el bien y el mal. Y ojo, ¡siempre gana el bien! Voten bien.
Neira, quien pasó a ser un vocero de la Administración de Noboa en este caso, negó rotundamente que el proceso contra los Álvarez se trate de una persecución política porque cuando se cometió el supuesto acto ilícito, el alcalde era un ciudadano “sin ninguna afiliación política”.
El regidor, la figura más visible de los tres Álvarez, encara tres frentes a partir de este caso. Además de la indagación de la FGE y de la sanción de la ARCH, su asunto también es analizado en el plano político.
Asambleístas de ADN constituyeron un Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados. Una de las integrantes de este grupo es la legisladora Lucía Jaramillo, quien también ha denunciado a Álvarez ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta violencia política de género.
Texto original de Ecuavisa
https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/aquiles-alvarez-gasolineras-gobierno-guayaquil-GF8034282