Al menos 11 sacerdotes y diáconos fueron secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua en las últimas 48 horas.
La organización Universitarios Católicos de ese país detalló que se trata de Monseñor Ulises René Vega, Monseñor Edgar Sacasa, el Padre Jairo Pravia, el Padre Víctor Godoy, el Padre Marlon Velasquez, el Diácono Ervin Aguirre, el Fray Silvio José Romero, el Fray Ramón Morras, y los Padres Antonio López, Raúl Francisco Villegas y Salvador de las Calabazas.
Víctor Godoy, Marlon Velasquez y Ervin Aguirre, tres de los religiosos detenidos en las últimas 48 horas en Nicaragua
Distintos activistas denunciaron que esta nueva arremetida del régimen contra la Iglesia Católica del país se enmarca dentro de “la peor etapa de la represión desde abril de 2018″, cuando estallaron las protestas en la nación centroamericana.
“La Iglesia Católica está viviendo en este momento la peor etapa de la represión Ortega-Murillo desde abril de 2018. Oremos”, señaló la abogada, defensora de derechos humanos e investigadora nicaragüense Martha Molina.
Por su parte, el párroco exiliado Edwing Román, muy crítico del régimen, indicó en su cuenta en la red social X que la “dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprovechan la atención mundial sobre Venezuela para encarcelar a sacerdotes en Nicaragua, y continuar la persecución a la Iglesia Católica en medio del silencio cómplice, y la falta de valentía por predicar genuinamente el Evangelio”.
Estos arrestos ocurren mientras se inician en Managua las fiestas populares en honor a Santo Domingo de Guzmán, una de las pocas actividades religiosas y tradiciones autorizadas por las autoridades para salir a las calles, aunque bajo la coordinación de la alcaldía capitalina, gobernada por los sandinistas, y la Policía Nacional.
Hasta el momento, ni el régimen de Nicaragua ni la Policía Nacional brindaron sus versiones sobre la denuncia de las detenciones, de las que generalmente no suelen pronunciarse.
Los sacerdotes encarcelados sufrieron “desnudez forzada” y tortura
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó la semana pasada que los sacerdotes nicaragüenses que estuvieron encarcelados en los últimos años sufrieron de “desnudez forzada”, así como torturas y otros tratos crueles, que, a su juicio, constituyen delitos de lesa humanidad.
En el reporte titulado “Violaciones y abusos de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua”, dado a conocer en el 55° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CoDH), el Grupo de Expertos indicó que logró documentar una serie de actos u omisiones cometidos en centros de detención de la Policía Nacional, como el complejo policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “El Nuevo Chipote”. Lo mismo ocurrió en “La Modelo”, la prisión de máxima seguridad del país.
“Estos actos incluyen: largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes, luz artificial continua, y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes”, denunció el Grupo de Expertos.
El informe dedicó un apartado al caso de Monseñor Rolando Álvarez, quien “permaneció detenido por más de 11 meses con largos períodos en régimen de aislamiento en la sección de máxima seguridad de la cárcel La Modelo”.
Puntualmente, el escrito hizo hincapié en que estuvo recluido en una zona conocida como “El Infiernillo”, que es una sección que está compuesta de celdas oscuras, insalubres, sin ventilación, sin suficiente luz natural y expuestas a la humedad, el frío y el calor extremo. Además, no tuvo visitas familiares durante los primeros 43 días de su detención.
Álvarez fue condenado en febrero de 2023 a más de 26 años de prisión por “traición a la patria”, y liberado y enviado al Vaticano en enero pasado tras un acuerdo entre Managua y la Santa Sede.
El Grupo de Expertos concluyó que hay “motivos razonables para creer que estos actos u omisiones constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en algunos casos, tortura, tanto física como psicológica”.