El 19 de agosto, la fiscal general Diana Salazar anunció que está en capacidad de enfrentar el juicio político impulsado en su contra desde el correísmo en la Asamblea Nacional. Este se suspendió en consideración al embarazo de riesgo que enfrentaba, según lo indicó en mayo pasado.
“Hemos pedido la reactivación del juicio político por transparencia, con la autorización del médico, que me ha permitido reactivar las actividades con normalidad”, aseguró la Fiscal durante una entrevista para Contacto Directo.
A su criterio, “no existen razones ni políticas ni jurídicas para ser objeto de censura”, pues responden a la “contundencia” con la que ha actuado la Fiscalía y ha logrado sentencias. Además, recordó que será un proceso técnico-jurídico y la interpelante, Gissela Garzón, ha indicado que no conoce de derecho.
Por eso se mostró segura de poder desestimar las pruebas que sustenten el caso y aseguró que no importa bajo de quién esté la conducción de la Asamblea, pues señaló que los ecuatorianos serán quienes juzguen la actuación de los legisladores.
“(Las razones del juicio político) no son otras que tratar de debilitar a la Fiscal General, justamente cuanto hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, que ha infiltrado a las instituciones, a los políticos y algunos medios digitales”.
¿Un narcojuicio?
En la solicitud de reactivación del proceso que lleva la Asamblea en su contra, Salazar lo calificó como narcojuicio y hoy lo ratifica como tal. “Es un término duro”, dijo la Fiscal, pero explicó que se debe a que, con casos como Metástasis, se ha develado la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, política y medios digitales.
Un ejemplo son algunos de los miembros del correísmo, como “el prófugo Ronny Aleaga o un exasambleísta Acuña”.
Señaló que el proceso es una revancha del crimen organizado, por haber develado la estructura que mantenían al interior del Estado.
La Fiscalía no se equivocó en el allanamiento a las oficinas de las juezas que permitieron el traslado de Wilman Terán
Diana Salazar también se refirió a las operaciones que ejecutó la Fiscalía en las oficinas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, luego del fallo judicial que permitiera el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, desde la Roca hasta la Cárcel 4 de Quito.
Aseguró que las leyes ecuatorianas posibilitan que todos los ciudadanos sean sujetos de investigación. Y que de ninguna forma se trata de un tema de que la Fiscalía esté inconforme con el fallo, sino que responde a una denuncia presentada, ante lo que corresponde actuar.
Esto, luego de que Wilman Terán obtuviera el fallo favorable.
“Wilman Terán está liderando una campaña (en la Cárcel 4) de no acogerse al procedimiento abreviado, porque él manifiesta a viva voz que aún mantiene control total de la Corte Nacional de Justicia (…) El mensaje que está entregando es que él aún mantiene el control de la justicia y que tiene a sus compañeros que le van a beneficiar”.
A su criterio, Terán considera que la Fiscal “ya se va, dado que viene el juicio político, entonces este caso quedará en la impunidad”.
En este contexto, defendió las figuras de cooperación eficaz y procedimiento abreviado, con los que Mayra Salazar y Helive Angulo lograron penas reducidas. Esto, aunque fueron parte esencial de la toma de la mafia en el Estado.
“Ellos voluntariamente deciden cooperar con la justicia”, destacó Salazar. Y enfatizó en que se trata de acciones favorables para la justicia, en contraposición a lo que hacen “muchos miembros de organizaciones criminales (…) que tratan de silenciar a los operadores de justicia, los asesinan; se convierten en prófugos de la justicia, tratan de dañar los casos a través de los medios digitales y no colaboran con la justicia”.
Texto original de Ecuavisa