Tanto el Gobierno como las agrupaciones ambientalistas han pedido a la Corte Constitucional que dé seguimiento al cumplimiento de su dictamen en el que dio un año término para que se detenga la explotación petrolera del Yasuní ITT.
Término que se cuenta a partir de la publicación de los resultados de la consulta popular, el 31 de agosto de 2023.
El máximo órgano de control constitucional deberá convocar a una audiencia y escuchar a las partes. La fecha para su instalación dependerá de la urgencia que considere la Corte que tiene el caso.
Si se instala antes de que se cumpla el tiempo otorgado para el cierre, la Corte puede emitir una resolución que prevenga al Gobierno, pero si se instala después, podría pronunciarse disponiendo hasta la destitución de algún funcionario responsable del incumplimiento.
“Puede ser un ministro, viceministro, subsecretarios y demás funcionarios que estén involucrados en este incumplimiento. Esto sucederá si realmente la Corte advierte que han existido medidas que pudieron haberse adoptado y no lo hicieron”, explicó Alexander Barahona, abogado constitucionalista.
Cumplimiento de la sentencia es hasta febrero
El año para el cumplimiento de la sentencia no es este 31 de agosto, sino febrero.
Pero, ¿podría la Corte ampliar el tiempo para que el Gobierno cumpla el dictamen, no en un año como lo dispuso, sino en cinco años que es el escenario viable que propone?
“Yo creo que aquí la Corte va a tener el reto de medir la proporcionalidad del tiempo que se plantearía por parte del Ejecutivo en virtud del daño que se podría seguir ocasionando, porque si se alarga mucho el tiempo, básicamente el dictamen tendría un efecto inútil”, añadió Barahona.
Por ahora, tanto el Gobierno y ambientalistas están pendientes de la posición del organismo constitucional frente a las acciones adoptadas para el cumplimiento del mandato popular.
Texto original de Ecuavisa