Los problemas en los servicios judiciales se agravaron este año porque desde febrero hasta junio el Consejo de la Judicatura ha destituido a 53 funcionarios judiciales de los cuales 25 son jueces vinculados por la Fiscalía al crimen organizado o que cometieron alguna negligencia.
La provincia del Guayas es la más afectada con 15 magistrados destituidos y como consecuencia los procesos penales se retrasan porque las audiencias deben suspenderse debido a que no hay jueces que asuman los casos y solo a veces se consiguen soluciones temporales.
Julio Jara, es un abogado que dice que tienen que esperar hasta tres meses a los jueces de garantías penitenciarias. Mientras que otros abogados expresan que necesitan que las audiencias sean presenciales.
La otra provincia con problemas similares es Manabí, donde fueron destituidos tres jueces, un fiscal y otros cuatro trabajadores judiciales. Así lo señala el informe de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura que además destaca irregularidades, porque hay otros 36 funcionarios que aún están en funciones a pesar de que debieron ser destituidos por negligencia y error inexcusable. 31 de ellos son jueces y cinco son fiscales.
“Directores provinciales de administraciones anteriores, habiendo declaraciones jurisdiccionales previas dictadas por la Corte Constitucional, por la Corte Nacional de Justicia y por jueces de Cortes provinciales, se han iniciado los proceso y se les ha archivado sin poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura”, mencionó Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.
Todo esto recarga a una Función Judicial que ya tenía problemas. En Pichincha, por ejemplo, 12 funcionarios fueron desvinculados pero entre ellos no hay jueces. Aun así, el Colegio de Abogados describe problemas por la escasez de magistrados.
“Por lo general las audiencias preparatorias de juicio se dan despue´s de 15 días, pero con estos retrasos a los que se hace referencia muy posiblemente duren entre dos o tres meses los procesos para que se lleven a cabo estas audiencias preparatorias de juicio”, dice Paúl Ocaña, presidente Colegio de Abogados Pichincha.
Los destituidos tienen relación con los casos Metástasis y Purga, pero el Consejo de la Judicatura aún debe resolver qué pasará con otros vinculados con delincuencia organizada en el caso Plaga que con sus decisiones favorecían a los delincuentes.
Texto original de Ecuavisa